Hasta 17 normas de la Xunta, el Estado y la UE influyen en cada trámite ambiental en Galicia
ECONOMÍA
El Gobierno gallego impulsa una ley de simplificación para evitar la pérdida de proyectos industriales, energéticos y de infraestructuras
19 oct 2024 . Actualizado a las 05:00 h.La tramitación ambiental que debe superar cualquier proyecto industrial, de infraestructuras o de otra clase que quiera instalarse en Galicia y que pueda afectar al medio ambiente está influida por 17 leyes, reglamentos, directivas y recomendaciones de la Xunta, el Estado y la Unión Europea aprobadas durante las últimas tres décadas.
En verano, el Gobierno gallego puso en marcha la redacción de una ley de administración ambiental simplificada. La conselleira de Medio Ambiente, Angeles Vázquez, advirtió entonces que la «convivencia» de diferentes normativas genera incertidumbre y «pode poñer en perigo proxectos que xa tiñan autorización».
Aunque Vázquez no lo citó, el telón de fondo de la decisión de la Xunta lo conforman las sucesivas sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que ordenan la paralización cautelar de proyectos de parques eólicos. Esos dictámenes están ahora pendientes de la Justicia europea, a la que recurrió el TSXG después de que el Tribunal Supremo fallase en contra de sus argumentos.
La conselleira señaló que la futura ley, que estos días va a analizar con los representantes de los principales sectores, tendrá el objetivo de «prever ou minimizar a proliferación de conflitos xudiciais interpretativos».
Para lograrlo, la norma partirá de un contexto legal más acotado que el actual. Lo integrarán los artículos 3 y 191 del Tratado de la UE y del Tratado de Funcionamiento de la UE, las directivas europeas 2024/1203 y 2023/2413 sobre protección del medio ambiente y promoción de energías renovables, el Pacto Verde Europeo, la ley 21/2013 de evaluación ambiental y la ley 1/1995 de protección ambiental de Galicia.
Simplificar la simplificación
Pero mientras no se apruebe el nuevo texto, esa última ley de 1995 seguirá siendo la base de la tramitación ambiental. En su día, señalan fuentes de la consellería, fue una norma de «referencia» para el derecho ambiental autonómico, pero su vida ha sido dilatada y ha sufrido muchos cambios. Entre el 2011 y el 2019 se aprobaron en Galicia cuatro leyes que modificaron su contenido, entre ellas la de emprendimiento y competitividad económica del 2013 y la de patrimonio natural y biodiversidad del 019.
Además, las técnicas de intervención ambiental detalladas en 1995 fueron retocadas por otras cinco normas autonómicas que se aprobaron entre el 2009 y el 2023. Entre ellas la de aprovechamiento eólico, la de implantación de iniciativas empresariales y la de simplificación administrativa e apoio á reactivación económica de Galicia del 2021.
Desde 1995 también se ha desarrollado el derecho de la Unión Europea, que emitió tres textos legales que afectan a los procesos de evaluación ambiental. Se trata de la recomendación 2022/822, el reglamento 2022/2057 y la directiva 2023/2413. Los tres tratan sobre la aceleración y la promoción de las fuentes de energía renovables. Además, cuando se empezó a redactar la nueva ley autonómica estaba pendiente la revisión de la directiva 2010/75 del Parlamento Europeo sobre emisiones industriales, que tiene «incidencia directa no sector industrial de Galicia».
Por último, en el mismo período se han aprobado tres leyes estatales que también introdujeron cambios en la tramitación. Una es la ley 21/2013 de evaluación ambiental, que fue modificada por la posterior 9/2018, reguladora del régimen de comercio de derechos de gases de efecto invernadero. Además, a raíz de la pandemia se aprobaron los reales decretos 23/2020, sobre energía y reactivación económica, y 36/2020, que recoge las medidas urgentes para ejecutar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la UE.
La maraña legal afecta a otras comunidades y se han aprobado leyes con el fin de clarificarla en más de diez, incluyendo Andalucía, Cataluña o el País Vasco.