La Xunta defenderá la legalidad de los 68 parques eólicos suspendidos ante la Justicia de la UE
ECONOMÍA
El Gobierno gallego se personará en el proceso que instruye el TJUE para poner fin al bloqueo que sufre el sector en Galicia
28 oct 2024 . Actualizado a las 17:54 h.El Gobierno de la Xunta aprobó hoy lunes personarse en el proceso que se sigue en el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre la validez de la ley de evaluación ambiental estatal del 2013, que según el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) vulnera el derecho comunitario. Como consecuencia de esas dudas, el TSXG ha paralizado 68 proyectos de parques eólicos en Galicia, que están a la espera del dictamen del tribunal comunitario.
La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, explicó que las gestiones para el personamiento las hará la Asesoría Xurídica Xeral de la Xunta, que tiene hasta el 5 de noviembre, cuando acaba el plazo de alegaciones abierto por el TJUE.
Vázquez rechazó que la tramitación de los parques haya incumplido la normativa europea o la estatal. Insistió en que se hicieron con «rigor» y siguiendo «o marco legal vixente con plenas garantías». La conselleira insistió en que, al contrario de lo que aprecia el TSXG, ni las normas de la UE ni las estatales prevén que la fase de consulta a las autoridades competentes en los proyectos sometidos a evaluación ambiental tenga que hacerse antes de someter el proyecto a información pública. Señaló también que el tribunal gallego ha sido el único español que ha puesto en duda la validez de esos trámites, y añadió que Vázquez que el Tribunal Supremo ya dio la razón a la Xunta en su sentencia sobre el parque eólico de Corme.
Fue precisamente después de ese dictamen del Supremo cuando el TSXG decidió elevar a la Justicia europea una cuestión prejudicial sobre la validez de la transposición que se hizo en la citada ley española de una directiva de la Unión Europea. Esa cuestión prejudicial dejó los parques eólicos suspendidos en ese estado hasta que sea resuelta. El Tribunal de la UE suele dictar sus resoluciones en una media de 18 meses, pero la Xunta espera que sea antes dadas las implicaciones que tiene la causa.
De hecho, la titular de Medio Ambiente explicó que la Xunta defenderá su postura en Europa en plena coordinación con el Gobierno central. El motivo es que la sentencia no afectará solo a los parques eólicos de Galicia, porque se refiere a una norma estatal que se ha aplicado de forma similar en otros muchos proyectos en España. Es más, el dictamen del TJUE afectará a otros países europeos, como Portugal y Holanda, que hicieron una transposición de la directiva europea a su legislación muy similar a la efectuada por España.
Las consecuencias de una sentencia contraria a la postura de esos gobiernos, que también han sido invitados a personarse en el proceso, son difíciles de estimar, ya que podría afectar a otros proyectos concedidos en los últimos cinco años. Vázquez mostró además su esperanza de que la sentencia sirva para levantar el «bloqueo» que sufre el sector eólico gallego, que ha pasado de ser el más potente del país al cuarto puesto por la paralización de los citados 68 parques.
Comunidades energéticas
El personamiento ante el TJUE fue uno de los asuntos aprobados en la reunión del Consello de la Xunta celebrada ayer. Además, en materia de energía, el Gobierno gallego también aprobó una convocatoria de 800.000 euros en ayudas para impulsar la constitución de nuevas comunidades energéticas y para la planificación municipal. El presupuesto se dividirá a partes iguales entre esas dos líneas.
Las ayudas destinadas a comunidades energéticas alcanzarán los 15.000 euros o el 80 % del presupuesto. Los fondos podrán emplearse en la contratación de servicios de asistencia para definir las infraestructuras energéticas necesarias y para la elaboración o ampliación de sus estatutos.
Las subvenciones para la planificación dependerán del número de ayuntamientos que se agrupen, y oscilarán entre el 30 % y el 70 %, con un 20 % más si son concellos de menos de 5.000 vecinos y un 10 % para municipios fusionados. Esas ayudas ascenderán a un máximo de 15.000 euros por ayuntamiento o, en el caso de que se presenten entidades supramunicipales, a un máximo de 150.000 euros.