El Congreso aprueba eliminar los visados de oro, pero los vigentes se mantendrán

El Congreso dio este jueves el primer paso para la supresión de los visados de oro para conceder permisos de residencia a los extranjeros que inviertan en activos españoles, desde inmuebles a deuda pública. La decisión, anunciada por el presidente del Gobierno el pasado mes de abril para evitar la especulación inmobiliaria en zonas tensionadas, se incluye en el proyecto de ley orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia, un auténtico cajón de sastre legislativo que este jueves fue aprobado por la Cámara baja con el voto a favor de 179 diputados (PSOE, Sumar, Junts, ERC, Bildu, PNV, BNG, Coalición Canaria y el exministro Ábalos) y el rechazo de otros 168 (los de PP, Vox y UPN).

En concreto, la norma modifica la ley de apoyo a los emprendedores aprobada en el 2013 por el Gobierno de Rajoy, suprimiendo los artículos que permitían solicitar el visado de estancia a los extranjeros no residentes que realizaran una inversión significativa de capital (inmuebles por valor de 500.000 euros, dos millones en deuda pública, un millón en acciones de empresas españoles o un millón en fondos de inversión o de capital riesgo constituidos en España) o constituyesen una empresa que crease empleo, realizase una inversión de impacto en alguna comunidad o generase innovación científica.

Con todo, para mitigar el impacto de la supresión, la norma incluye dos disposiciones transitorias que garantizan que las solicitudes presentadas antes de la entrada en vigor de la norma (que aún debe pasar por el Senado y publicarse en el BOE) se tramitarán conforme a la normativa vigente actualmente. Además, aquellos visados vigentes (en estos diez años se han concedido 14.576, según los últimos datos facilitados por el Gobierno en abril) mantendrán su validez y podrán ser renovados conforme a las condiciones establecidas en la ley que ahora se modifica. De esta forma, los extranjeros que mantengan sus inversiones (por ejemplo, las viviendas o las acciones de empresas españolas) podrán renovar la autorización de residencia por períodos de cinco años.

Juicios rápidos por okupación

Pero la ley aprobada este jueves incluye muchos otros cambios de calado económico. En materia laboral, se recupera el blindaje frente al despido de los trabajadores que ejerzan su derecho a la conciliación. Así, el cese de un asalariado que haya solicitado una adaptación de jornada para cuidado de un menor o dependiente a cargo (se le haya concedido o no) o que haya disfrutado de un permiso retribuido por hospitalización o enfermedad de un familiar directo volverá a ser considerado nulo. Se corrige así el error legislativo del Ministerio de Igualdad, que desde el pasado mes de agosto dejó sin protección frente al despido a estos trabajadores.

A mayores, la norma también introduce cambios en el Estatuto de los Trabajadores, concretando los meses de impago o demoras en el cobro de la nómina que dan derecho a la rescisión del contrato por voluntad del trabajador, con indemnización y derecho a cobrar paro.

Además, en materia de vivienda, en la votación de este jueves el pleno del Congreso aprobó una enmienda del PNV que permitirá los juicios rápidos en casos de okupación, ya sea por delito de allanamiento de morada (si el inmueble es vivienda habitual) o usurpación.

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