Las aseguradoras aprietan al Gobierno y exigen más fondos para acudir al nuevo concierto de Muface
ECONOMÍA
La mejora de las primas solicitadas ronda de nuevo el 40 %
04 dic 2024 . Actualizado a las 19:46 h.Cuenta atrás para conocer si el sistema sanitario de Muface, que ofrece cobertura a 1,5 millones de funcionarios y sus familias, podrá seguir operando tal y como se conoce hasta ahora. Este miércoles vencía el plazo que las aseguradoras que actualmente prestan el servicio —Adeslas, Asisa y DKV— remitiesen al Gobierno las condiciones que, a su juicio, servirían para acudir al nuevo concierto de Muface. Una licitación que quedó desierta hace unas semanas, después de que el sector considerase «insuficiente» la mejora del 17 % en las primas planteada por el Ejecutivo. La cifra, a pesar de ser la mayor de la historia, se quedó muy lejos del 40 % que llegó a solicitar en su momento el sector, que lleva años denunciando la infrafinanciación del servicio, sobre todo en los dos últimos ejercicios, con un convenio que quedó completamente desfasado en términos de costes en pleno ciclo inflacionista.
Una negociación dura
Bajo ese escenario, la negociación entre entidades y el Ministerio de Función Pública se antoja dura. Fuentes del sector indican que la mejora de las primas solicitadas vuelve a rondar el 40 %, la misma que en la anterior convocatoria. Según ha podido Colpisa, DKV plantea, en su caso, una mejora del 40,6 % (del 30,35 % en el caso de Muface Internacional) en la prima. Y solo para un año de los tres en los que en principio se desarrollaría el nuevo acuerdo (2025-2027), según ha propuesto el Gobierno, sin confirmar oficialmente hasta que se publique la licitación.
Desde Asisa también confirman que han presentado su propuesta, aunque prefieren guardar silencio en torno a las condiciones exigidas. Adeslas, por su parte, rechaza comentar si ha contestado o no a la consulta pública. En todo caso, los documentos remitidos al Gobierno no solo se centran en las primas. También incluyen toda la información relativa a la subida de costes sufrida estos años, además de otros elementos relacionados con la prestación del servicio. Entre ellos, propuestas sobre cómo deberían llevarse a cabo la actualización de prestaciones, con qué límites, cómo acometer el copago farmacéutico de los mutualistas, etcétera. Es decir, todo lo necesario para evitar que el servicio acabe por ser ruinoso para las compañías que lo prestan.
Una vez el Gobierno reciba las condiciones y necesidades de las aseguradoras, la maquinaria administrativa se pondrá en marcha con el objetivo de poner fin a la incertidumbre que desde hace semanas rodea al colectivo de empleados públicos, que aún desconoce qué ocurrirá con su seguro privado a partir del 31 de enero de 2025, cuando vence la extensión del actual convenio.