Bruselas lleva a España a los tribunales por no adaptar la ley de contratos públicos
ECONOMÍA
El plazo para actualizarla expiró hace ya ocho años
16 dic 2024 . Actualizado a las 17:21 h.Han pasado ocho años desde que expiró el plazo dado por Bruselas para adaptar la legislación nacional a la directiva sobre contrataciones públicas, y España sigue haciendo oídos sordos. El Gobierno no ha subsanado la situación: «Hasta la fecha, los esfuerzos de las autoridades han sido insuficientes», como denunció este lunes el Ejecutivo comunitario, que ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por desobedecer.
Las normas en cuestión obligan a todos los Estados miembro a aplicar procedimientos imparciales y transparentes en las licitaciones con el fin de abrir los mercados de servicios a una «auténtica competencia entre las empresas de toda la UE, para garantizar la mejor calidad-precios en las contrataciones públicas», explica el Ejecutivo comunitario en un comunicado. Es decir, fija las reglas para garantizar que el dinero de los contribuyentes se utilice de la forma más eficiente posible. «El Derecho español se aparta considerablemente de las normas de la UE en lo que respecta a su ámbito de aplicación en tipos de poderes adjudicadores, los tipos de contratos y las modificaciones de los mismos», añade Bruselas, que ya apercibió al país en el 2021 y este mismo año.
En sectores como el de la energía, el transporte, la gestión de residuos, la protección social, la sanidad y la educación, los principales clientes son las autoridades públicas.