El Gobierno eleva un 30% su oferta a las aseguradoras para renovar el concierto de Muface
ECONOMÍA
Los funcionarios celebran la noticia pero denuncian que «llega tarde» y no descartan una huelga en la Administración
17 dic 2024 . Actualizado a las 20:00 h.El Gobierno lanzará antes de finalizar el año una segunda licitación para intentar renovar el concierto con Muface, el sistema que presta atención sanitaria privada a casi 1,3 millones de empleados públicos y familiares —82.447 de ellos gallegos—.
Tras quedar desierta la primera convocatoria, a la que ninguna de las tres aseguradoras (Adeslas, Asisa y DKV) acudieron, alegando falta de rentabilidad, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha optado por elevar su oferta un 30%, subiendo la prima que cobran estas compañías del 17,2 en dos años al 33,5% en tres, según anunció este martes la ministra portavoz, Pilar Alegría. «Quiero mandar un mensaje de tranquilidad a todos los mutualistas porque van a tener garantizada su asistencia sanitaria en las mismas condiciones que disfrutan en la actualidad», deslizó.
900 millones más
Para las arcas públicas supondría el desembolso de 4.478 millones de euros, 907 más que en el último acuerdo trianual (2021-2023). En el 2025 se pagarán 1.303 —una prima del 10,37%—; en el 2026 otros 1.490 millones —una prima del 7,25%— y en el 2027 se elevará la factura a 1.685 millones —prima del 4,32%—. Esto implica que, de aceptar la oferta, las aseguradoras cobrarían una prima media de 1.262 euros por mutualista a final del período, frente a los 1.032 actuales. Aun con esta mejora, la brecha respecto al coste en la Seguridad Social asciende a los 474 euros.
La gran incógnita es si estas cifras serán suficientes para despejar el futuro de Muface que, a escasas dos semanas de las 12 campanadas, todavía está en aire. La oferta, aún siendo la mejor de la historia, queda lejos de la prima del 50% que demandaron a principios de otoño las aseguradoras.
No obstante, desde Asisa señalan que estudiarán «cuando se hagan públicas» las condiciones del concierto «para valorar todos los factores a tener en cuenta y poder tomar una decisión sobre su continuidad en el modelo». La empresa «valora el esfuerzo que ha hecho la Administración para mejorar la financiación de Muface», pero advierten de que el acuerdo también debe contemplar «algunos otros desequilibrios» relativos a la demografía, las coberturas, la oferta de servicios etcétera. «Hay que tener en cuenta que el convenio presentado por la Administración es a tres años, cuando, desde el primer momento, hemos reiterado que la nueva licitación debía ser a dos años máximo para evitar imprevistos y costes sobrevenidos», puntualizaron desde Adeslas, según recoge Europa Press. DKV, por su parte, ha declinado hacer comentarios a este medio.
Amenaza de huelga
El sindicato de funcionarios CSIF celebró la «buena noticia» aunque, en palabras de su presidente, Miguel Borra, «llega tarde». A la espera de saber si las aseguradoras acudirán a la licitación, el colectivo anuncia que continuarán con las movilizaciones, como la del pasado sábado, «sin descartar un paro total en la Administración» si no se prolonga la asistencia sanitaria privada a los trabajadores públicos.
La oferta se ha anunciado solo un día después de que la ministra de Sanidad, Mónica García, se reuniese con sus homólogos autonómicos para abordar, entre otras cuestiones, el impacto de trasvasar a 1,3 millones de ciudadanos a los sistemas públicos de salud regionales. Solo para Galicia, el sobrecoste ascendería a 170 millones de euros anuales.
La amenaza de una paralización judicial
Las aseguradoras no son la última barrera que se interpone entre Muface y su renovación. La organización de profesionales médicos Unipromel amenaza con presentar un recurso ante el Tribunal Central de Contratación Pública con la intención de paralizar el acuerdo, como ya hizo con el concierto del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas) y la Mutualidad General Judicial (Mugeju), si la financiación pactada no es suficiente o no garantiza la actualización de sus tarifas, para lo cual, calcularon que sería necesario doblar el esfuerzo presupuestario actual.
Eliminar intermediarios
El colectivo, que presta atención en sus clínicas y centros privados, denuncia que sus remuneraciones llevan años congeladas y, en muchos casos, no llegan a cubrir los costes que supone abrir un quirófano o contratar personal nuevo. De hecho, la asociación está preparando un recurso para conseguir que en España sea posible saltarse a las intermediarias —aseguradoras— y prestar el servicio directamente a los funcionarios, abaratando el coste. Para ello, necesitan un cambio legal que les habilite a negociar directamente con Función Pública.