La asociación nacional muestra su preocupación por «la nueva oposición social, con plataformas profesionalizadas, de lucha contra el sistema»
19 dic 2024 . Actualizado a las 10:33 h.El conflicto originado en Galicia por los planes eólicos de la Xunta —que incluye, entre otros aspectos, la obligatoriedad de repotenciar los parques de entre 25 y 30 años de antigüedad y la venta a consumidores de la comunidad de al menos el 50 % de la energía que produzcan los futuros parques— ha generado un vendaval que dista mucho de calmarse. Un día después de que el Gobierno gallego aprobase las nuevas medidas, incluidas en la ley de acompañamiento a los presupuestos autonómicos del próximo año, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) ahondó en sus críticas y preocupación y admitió que ha pedido ayuda al Gobierno central para intentar frenar su aplicación. Juan Virgilio Márquez, director general de la entidad, insistió en que, para el sector, la nueva regulación autonómica «vulnera el marco jurídico existente».
En las últimas semanas, la patronal nacional ha repetido que la aplicación de esas medidas va a provocar un aumento de la litigiosidad, y ayer dio un paso adelante en ese sentido. «El sector ha trasladado a la Xunta y a los actores políticos que las medidas planteadas no son buenas. También al Gobierno. Si lo eleva al Tribunal Constitucional, depende de él, pero nosotros esperamos que se tomen medidas para que no se genere ningún perjuicio». No obstante, Juan Virgilio Márquez recordó que, si no se logra el freno que piden, «en 18 meses, los promotores de 434 megavatios eólicos tendrán que presentar la solicitud de repotenciación en Galicia», lo que llevará, en su opinión, «a un escenario de judicialización y múltiples desencuentros».
La paralización que afecta al sector en Galicia, iniciada con los recursos de organizaciones ecologistas, que han acabado en unas 60 suspensiones judiciales ordenadas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), también preocupa, y mucho, al sector. Implica congelar proyectos por unos 2,6 gigavatios de potencia, y aleja el cumplimiento de los objetivos recogidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). De hecho, los responsables de la asociación empresarial sostienen que hay que acelerar el despliegue de instalaciones, después de que en el 2023 se ralentizase el ritmo. Otro de los motivos de inquietud para el sector es «la nueva oposición social a los proyectos». Está formada, según afirmó el director general de la AEE, por «plataformas profesionalizadas, con medios y recursos, con mucho talento, lucha contra el sistema y carga ideológica».
Pese a las dificultades, el entramado eólico gallego continúa siendo referente en el país. En el informe presentado ayer se evidencia que fue la cuarta comunidad con mayor potencia instalada. Con sus 3.874 megavatios de capacidad, se quedó por detrás de Castilla y León; Aragón y Castilla-La Mancha. Sin embargo, en cuanto a generación de electricidad —con sus 9.092 gigavatios a la hora— fue la tercera del país. También tiene una importancia notable su desarrollo industrial. Cuenta con 31 fábricas e instalaciones de mantenimiento, así como puertos por los que se dan salida a los componentes.
Galicia es además la segunda comunidad cuyo sector eólico tiene una mayor aportación al producto interior bruto (PIB). A nivel nacional, el impacto fue de 4.532 millones de euros, por delante de los 1.330 de la pesca y la acuicultura. De la tarta estatal, el sector gallego aporta 382,4, la cuota más alta después de Castilla y León, con 410,9.
Por otro lado, la comunidad cuenta con dos de las tres provincias con más municipios que acogen en sus territorios parques eólicos. Lugo lidera el ránking, con el 51 % de sus concellos con este tipo de instalaciones; seguido de Las Palmas, con un 47 %, y A Coruña, con 46 %.
Variaciones de cánones
Juan Virgilio Márquez también trasladó ayer su preocupación por la modificación del canon eólico de la Xunta y por el establecimiento de otros nuevos en distintas zonas. Además, admitió que les da «mucho miedo» que otras comunidades autónomas emprendan políticas energéticas similares a la gallega, después de que la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, afirmase que otros dirigentes le consultan ya sobre su plan.
Transición Ecológica activa ayudas para dar seguridad a la red y evitar apagones
El Ministerio para la Transición Ecológica ha lanzado a audiencia pública una propuesta de orden ministerial para crear un mercado de capacidad en el sistema eléctrico peninsular español. Se trata de un ecosistema en el que participarán «las instalaciones de generación y de almacenamiento, así como la demanda, esto es, los consumidores y los agregadores», que «percibirán una retribución por aportar firmeza al sistema eléctrico, bien por estar disponibles para inyectar electricidad en las redes o bien por reducir el consumo, siempre a requerimiento de Red Eléctrica».
El mercado era una demanda del sector energético, ante la creciente importancia de las fuentes de generación verde, que no siempre tienen garantías de poder operar. Las ayudas se adjudicarán a través de subastas que el Ministerio de Transición serán lanzadas a partir de 2025 y a las que podrán acudir la mayoría de tecnologías de generación, aunque con algunos requisitos, con el objetivo de que el servicio esté en marcha de manera transitoria a partir de 2026.
La orden recoge hasta tres tipos diferentes de subastas, en las que el volumen y periodicidad dependerá de las previsiones de demanda y de las necesidades de potencia firme identificadas mediante los correspondientes análisis de cobertura europeos o nacionales a cinco años vista.