La Audiencia Nacional los acusa, entre otros delitos, de desviar 13 millones
24 ene 2025 . Actualizado a las 18:38 h.Cuatro años y un mes después de admitir a trámite la querella presentada por la Confederación de Cuadros Profesionales contra una veintena de personas —entre físicas y jurídicas— por presuntas irregularidades en la venta de las plantas de aluminio de Alcoa en A Coruña y Avilés, la titular del juzgado número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, envía al banquillo a ocho de los investigados: Víctor Rubén Doménech; Joachim Magim; Luis Losada; Francisco Javier Fernández de Bobadilla; Alexandra Camacho; Diego Peris; Antonio Fernández y Eduardo Julio García Hidalgo. En un auto de diez páginas fechado el jueves pero conocido ayer, la magistrada acuerda poner fin a la investigación y pasarla a procedimiento abreviado, antesala de la apertura de juicio oral.
Tardón argumenta en su resolución que los hechos investigados suponen delitos de apropiación indebida o administración desleal, insolvencia punible, blanqueo de capitales y constitución o pertenencia a organización o grupo criminal.
Detalla que los acusados llevaron a cabo las presuntas irregularidades en el proceso de venta de las dos plantas de Alcoa con el fin de descapitalizarlas y de desviar sus activos hacia su patrimonio personal y hacia las estructuras societarias creadas para apoderarse de ellos. Cabe recordar que la empresa Alcoa Inespal vendió las factorías de aluminio de A Coruña y Avilés en el 2019, por la difícil situación económica que atravesaban.
Tardón detalla que la venta se produjo en dos fases. En la primera —el 31 de julio del 2019—, Alcoa vendió el 100 % de los dos centros de producción por el precio simbólico de 1 euro a las mercantiles Alu Holding AC Spain SLU y Alu Holding AVL 2019 Spain SLU, que habían sido creadas poco antes por la sociedad Blue Motion Technologies, propiedad de un grupo suizo. En la segunda venta —el 8 de abril del 2020—, Blue Motion Technologies, incumpliendo los términos del acuerdo de venta, la volvió a vender por 13 millones de euros a la sociedad española System Capital Company, que había sido creada poco antes por uno de los investigados.
Para ejecutar la transacción —añade el auto—, los 13 millones utilizados en la operación se detrajeron de la tesorería de las propias empresas que se iban a vender, en una operación diseñada por los investigados a los que propone juzgar. Además, la instrucción ha revelado que previamente a la segunda venta, uno de los acusados ordenó transferencias por casi un millón de euros desde las cuentas de Alu Ibérica a cuentas suizas de empresas que controlaba.
El auto prosigue describiendo la sucesión de actuaciones realizadas para descapitalizar las empresas adquiridas y desviar los activos al patrimonio de los compradores: desde usar terceras empresas para comprar productos elevando artificialmente su precio hasta simular préstamos o asignarse sueldos «desorbitados», además de usar criptomonedas para ocultar las ganancias fraudulentamente obtenidas «con el consiguiente perjuicio para los trabajadores y acreedores» de las factorías.
Todas estas actuaciones se prolongaron en el tiempo hasta que fue nombrado un administrador judicial por el juzgado de la Audiencia Nacional en julio del 2021 y se decidió la solicitud de concurso de acreedores de las sociedades, que se acordó a finales de ese año.
Archiva para Alcoa Inespal
Una vez dictado el auto de pase a procedimiento abreviado, la jueza da un plazo a la Fiscalía y las demás acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral formulando sus escritos de acusación, el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.
La resolución también acuerda el sobreseimiento y el archivo de las actuaciones para Alcoa Inespal, como persona jurídica, y para cuatro personas físicas, mientras que para otras tres acuerda el sobreseimiento provisional.