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La vicepresidenta segunda señala que Hacienda no comparte el criterio de actualizar el IRPF para que los trabajadores que ganan el salario mínimo no paguen este impuesto
30 ene 2025 . Actualizado a las 19:39 h.Yolanda Díaz afronta un nuevo choque con el ala socialista del Gobierno por el salario mínimo interprofesional (SMI). En esta ocasión, con su homóloga de Hacienda, María Jesús Montero. Superada la guerra con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo por la reducción de la jornada laboral, la vicepresidenta segunda y dirigente de Sumar se opone a la idea de Montero de no acompañar la subida pactada con los sindicatos para el 2025 con una rebaja del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) para los beneficiados que evite que buena parte se quede en las arcas públicas.
«Mi posición es clara, esa renta de 16.576 euros que ganaría ahora un trabajador para nosotros tiene que estar exenta en la declaración [de IRPF]. Hacienda no comparte este criterio», defendió este jueves Díaz en una entrevista en Antena 3, subrayando que «más que batallas, son posiciones diferentes».
Un problema de ingresos
El SMI subirá este año hasta los 1.184 euros al mes en 14 pagas, un incremento de 50 euros mensuales que beneficiará a algo más de dos millones de trabajadores. El departamento de Montero aún no ha aclarado públicamente sus intenciones respecto a la fiscalidad del salario mínimo pero la escalada del SMI en los últimos años y la merma de recaudación acumulada por las sucesivas rebajas de impuestos y ayudas fiscales para paliar la crisis de inflación están llevando a Hacienda a replantearse su estrategia.
El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ve difícil conseguir esta reclamación de los sindicatos compartida con el ministerio y recalca que la posición del sindicato es que el neto de lo que perciban los trabajadores que cobran esta renta mínima sea equivalente al 60 % de la media salarial, como recomienda la Carta Social Europea.
Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi criticó ayer que la subida del SMI se lleve a cabo «con el dinero de las empresas» y advirtió que afectará «a los más pequeños». Lamentó que, aunque el SMI es «una facultad del Gobierno y, por tanto, no es diálogo social», Trabajo señalase una cifra antes de abrir las conversaciones y se mostró convencido de que la patronal podría haber alcanzado un acuerdo con los sindicatos.