Bruselas denuncia a España ante la Justicia europea por no adaptar la ley sobre créditos dudosos de los bancos
ECONOMÍA
Además, la Comisión Europea le da dos meses para actualizar la legislación para acelerar el despliegue exprés de renovables
12 feb 2025 . Actualizado a las 14:08 h.La Comisión Europea ha anunciado este miércoles que denunciará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no adaptar su legislación a la directiva 2021/2167 sobre préstamos dudosos (NPL). El plazo dado para adaptar la ley expiró el 29 de diciembre del 2023, sin que el Gobierno de Pedro Sánchez notificase a Bruselas que había incorporado las novedades legales. A pesar de los reiterados requerimientos de las autoridades europeas, el Ejecutivo español ignoró las llamadas y por ello, la Comisión ha decidido llevar a España ante los tribunales y pedir multas millonarias por cada día de incumplimiento.
La directiva en cuestión tiene como objetivo impulsar el despliegue de un mercado secundario eficiente para los créditos dudosos -son aquellos que no han sido reembolsados a tiempo a las entidades financieras y que no hay previsión de recuperar por el tiempo que llevan en mora-. La normativa establece normas para autorizar y supervisar a los compradores y administradores de esos créditos, además de armonizar los criterios para comercializar esos créditos adeudados a escala transfronteriza.
También ofrece mayor seguridad a los deudores, con procedimientos más efectivos y transparentes en torno a la gestión de la reclamaciones de créditos impagados, garantizando así la resolución justa y oportuna de las deudas. A menudo, los deudores se encuentran con que sus créditos han sido transferidos a terceros sin informarles al respecto e ignorando quién está legitimado para reclamarles las cuantías.
Bulgaria, Hungría, los Países Bajos, Austria, Portugal y Finlandia también han sido denunciados ante el TJUE por el mismo motivo. La Comisión considera que los esfuerzos de las autoridades nacionales, hasta la fecha, «han sido insuficientes» y por ello reclama la imposición de sanciones financieras.
Energías renovables
Por otro lado, Bruselas ha avanzado en el expediente que le abrió a España por no adaptar su legislación a la directiva 2023/2413, para acelerar los procedimientos de autorización para proyectos de energías renovables y los permisos para el despliegue de las infraestructuras necesarias para integrar al sistema eléctrico las capacidades extra que se necesitan para que puedan estar operativos.
La legislación europea se adaptó para incluir plazos más claros y cortos en las denominadas «áreas de aceleración» -zonas que los Gobiernos nacionales deben delimitar y que consideran más aptas para acoger eólica, fotovoltaica o hidrógeno verde dado su bajo impacto ambiental-. Además, se introdujo la presunción de que los proyectos de energía renovable, el almacenamiento y la infraestructura de red relacionada son de «interés público superior».
El Gobierno español tenía hasta el 1 de julio del 2024 para adaptar su legislación, pero todavía no lo ha hecho. Es por ello que Bruselas le ha enviado una carta motivada, el último paso previo a denunciar la situación ante la Justicia europea. Ahora, el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene dos meses para cumplir con los requerimientos. De lo contrario, la Comisión Europea acudirá al TJUE para exigir que se le impongan a España sanciones financieras.
En la actualidad, hay unos 1.500 expedientes abiertos en la UE -entre los 27 Estados miembros que la componen-.