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La Xunta ve viable la planta de Altri en Palas, pero deja su futuro en manos del Gobierno

Domingos Sampedro
D. Sampedro REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

Recreación de cómo quedará la planta de Altri en Palas de Rei
Recreación de cómo quedará la planta de Altri en Palas de Rei

El proyecto está condicionado a que se cree una subestación eléctrica que debe autorizar Transición Ecológica y Lorenzana advierte: «Unha fábrica non pode funcionar se non se pode enchufar»

15 mar 2025 . Actualizado a las 17:59 h.

Greenfiber, la sociedad conjunta de la papelera portuguesa Altri y la energética gallega Greenalia, ya tiene el permiso de Xunta para seguir adelante con su proyecto para construir una fábrica de celulosa y fibras textiles en el concello lucense de Palas de Rei (aunque el complejo y sus infraestructuras asociadas se extenderán también a los municipios limítrofes de Melide, Santiso y Agolada). La Consellería de Medio Ambiente publica este viernes en el Diario Oficial de Galicia la declaración de impacto ambiental, que resulta favorable a un proyecto industrial calificado como estratégico, aunque condicionada al cumplimiento de algunos requisitos exigidos por los distintos departamentos técnicos, pero condicionado sobre todo a que cree una nueva subestación eléctrico que debe autorizar el Ministerio para la Transición Ecológica.

La Xunta coloca así la pelota de Altri en el tejado del Gobierno central, y más concretamente en el departamento que dirige la ministra Sara Aagesen, quien supeditó cualquier decisión sobre las inversiones en la red eléctrica a que previamente se analizara bien la madurez ambiental del proyecto. Las conselleiras de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, comparecieron este viernes para subrayar que este trabajo se ha realizado, así que el proyecto «está prácticamente en máns do Goberno central» y de que autorice el refuerzo del suministro eléctrico, señaló Lorenzana, antes de apostillar: «Unha fábrica non pode funcionar se non se pode enchufar». 

En cuando al permiso ambiental, se ha otorgado bajo una serie de condicionantes que obligan a la futura fábrica a emplear tecnologías avanzadas para la gestión del agua, con un sistema de captación que garantiza un caudal máximo de 46.000 m³ diarios extraídos del embalse de Portodemouros. En concreto, la obra de toma consistirá en una estructura flotante sobre la cual se instalarán las motobombas que eleven el caudal del embalse de Portodemouros hasta la estación de bombeo que se localiza en tierra firme.

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Asimismo, se exige la implantación de estaciones de tratamiento para las aguas residuales generadas tanto durante la fase de construcción como en la de explotación. En concreto, la resolución indica que las aguas residuales generadas en el proceso productivo durante la explotación de la planta, se tratarán en una estación de tratamiento de aguas residuales industriales (ETARI) con un caudal de vertido de 30.000 m³/día. Las aguas residuales sanitarias durante la explotación se tratarán en una estación depuradora de aguas residuales (EDAR) compacta y modular, con una capacidad de 50 m³/día.

En cualquier caso, la Xunta indica en su resolución que esta declaración de impacto ambiental no exime al promotor del deber de obtener todas las autorizaciones, licencias, permisos o informes que sean legalmente exigibles para la ejecución y/o funcionamiento del proyecto.

La conselleiras Vázquez y Lorenzana explicaron que, en el ámbito autonómico, todavía quedan algunos obstáculos a sortear para que complejo de Greenfiber empiece a ser construido. Entre ellos figura la ordenación de las 27.100 alegaciones presentadas en la fase de exposición pública, pero sobre todo las 6.500 que pidieron ser reconocidas por parte interesada en el proyecto.

Con todo, los trámites pendientes revisten menos dificultad, salvo lo que concierne al cumplimiento de las nuevas exigencias marcadas en la declaración de impacto ambiental y a que se autorice el refuerzo de la línea eléctrica. 

De forma de paralela, Greenfiber ya ha iniciado los trámites con el Ministerio de Industria para obtener una ayuda directa de 250 millones de euros destinada a la construcción de la fábrica de pasta de celulosa y liocel en Palas de Rei, pues la empresa promotora ha reiterado que el proyecto está condicionado a la obtención de fondos públicos para asegurar la viabilidad económica del mismo.

El proyecto, sobre el que los populares y la Xunta han defendido reiteradamente que «decidirían los técnicos», ha estado marcado por la contestación social y fuertes críticas de otras fuerzas políticas.

Pontón llama a la movilización social y Besteiro acusa a Rueda de esconder la verdad sobre la viabilidad del proyecto

La respuesta de los dos principales partidos de la oposición fue inmediata. El BNG aseguró que, tras la declaración de impacto ambiental, «consúmase a maior traizón de Rueda a Galiza». Ante ello, Ana Pontón llamó a la movilización social para ganar la batalla al Ejecutivo del PP y parar «a bomba ambiental coa forza da xente». Además,  la portavoz nacional del BNG pidió al Gobierno central que «dunha vez deixe claro que non dará nin un só euro á macrocelulosa que ameaza o modo de vida de miles de persoas». «Imos dar a batalla política, democrática e se fai falta legal para paralizar o proxecto», aseguró.

Por su parte, el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, mostró su preocupación ante la actuación del Gobierno gallego con la resolución para Altri, al que acusó de actuar con «opacidade» y mediante una tramitación exprés. «Dende o inicio, o PSdeG deixou claro que esta iniciativa presentaba graves interrogantes. A súa sostibilidade non só no aspecto ambiental, senón tamén no social e económico, están en entredito», resumió. El líder de los socialistas gallegos aludió a que su formación dejó claro, desde el inicio, que esta iniciativa presentaba graves interrogantes en lo referente a su sostenibilidad, no solo en el aspecto ambiental, también en el social y económico: «Estamos a falar de 250 millóns de euros de diñeiro público. Non é unha cifra menor, é unha aposta que pode hipotecar recursos fundamentais para Galicia. Pode Galicia permitirse destinar unha cantidade tan elevada de diñeiro público a unha empresa que non garante un futuro solvente? Isto é unha irresponsabilidade absoluta», aseveró.