Rueda pide al Gobierno que no ceda a las presiones para tramitar las ayudas de la UE. Proyectos de otras comunidades obtuvieron fondos sin tener la declaración de impacto ambiental que el Ejecutivo exigió en Galicia
21 mar 2025 . Actualizado a las 05:00 h.Todos los informes vinculantes emitidos para la declaración de impacto ambiental (DIA) de la factoría que Altri proyecta en Palas de Rei incluyen condiciones extras. En total, los técnicos de los distintos departamentos autonómicos que revisaron el proyecto de la planta de fibras textiles a base de celulosa incluyeron más de 60 cláusulas específicas.
Según la Xunta, esa cifra triplica el número habitual de condiciones en una DIA. Ese volumen de exigencias, explicaron las mismas fuentes, deriva de la «complexidade e envergadura» del proyecto en sí, pero también del «rigor e meticulosidade» de los técnicos y a que «coloca o listón especialmente alto e vai mais aló do que esixe Europa».
El propio Alfonso Rueda pidió ayer al Gobierno, en una conferencia en el Club Siglo XXI en Madrid, que «no ceda a las presiones» y se guíe por criterios técnicos para tramitar los 250 millones en ayudas de la UE que requiere el proyecto. «Hay que ser muy serios y consecuentes, si las cosas se pueden hacer, no hay que ceder a demagogias», sentenció.
El presidente de la Xunta atribuyó a un «objetivo político» la oposición del PSdeG y del BNG. Recordó que ambos partidos apoyaron el proyecto hasta que «todo cambió el día de las elecciones», que perdieron, y «de repente lo que era fantástico pasó a ser una bomba ambiental».
Rueda añadió que «un Gobierno responsable no puede ceder a estas presiones» ni tomar decisiones «en función de lo que griten o protesten unos más o menos», sino que debe evaluar los proyectos y aprobarlos si cumplen. Lo contrario supondría «incluso prevaricar», además de que las oportunidades se marcharían de Galicia a otras comunidades.
Los informes y sus medidas
De los informes utilizados en la DIA, uno de los que incluyen más condiciones es el de Augas de Galicia. Obliga a la empresa a solicitar autorización previa para distintas obras y trabajos. Le prohíbe levantar cualquier construcción en la zona de servidumbre del lecho del río, salvo para su conservación, o hacer canalizaciones e infraestructuras hidráulicas en esa área. También obliga a mantener la vegetación de ribera y aumentarla cuando sea posible, para que actúe como filtro natural de sedimentos.
El informe se refiere además a infraestructuras concretas, y especifica medidas en cada una de ellas para proteger el ecosistema fluvial, permitir el uso público de los espacios, evitar que se interrumpa el flujo natural de las aguas, prever la acumulación de lodos o conservar la vegetación.
Otra de las previsiones obliga a reincorporar de forma «gradual» las aguas pluviales al río, con el fin de evitar arrastre de materiales y similares. La reutilización de aguas residuales depuradas deberá contar con dos permisos administrativos.
La empresa deberá comunicar por escrito a Augas la finalización de todas las obras de depuración y evacuación de aguas, además de mejorar los elementos de drenaje sostenibles en la zona urbanizada del complejo.
Además, deberán tomarse medidas adicionales con la instalación de disipadores de energía, para evitar que el vertido de aguas erosione las riberas del río.
La dirección general de Enerxías Renovables e Cambio Climático obliga a habilitar dos instalaciones de control de calidad del aire y a disponer de un plan de gestión de olores.
Saúde Pública exige un análisis del ámbito de afección de 200 metros de la línea eléctrica aérea, que debe tener su visto bueno antes del inicio de los trabajos.
Patrimonio Natural, entre otras medidas, ordena que todas las instalaciones, salvo la entrada de algunas conexiones, se sitúen como mínimo a 50 metros del límite de la zona de especial conservación Serra do Careón.
También obliga a mantener un cinturón perimetral de 55 hectáreas en el que deberán mantenerse al menos 1.400 ejemplares por hectárea de tres tipos distintos de plantas autóctonas catalogadas.
Patrimonio Cultural ha exigido la puesta en valor del petroglifo de Tras da Costa y mantener pavimentos de piedra históricos. También se le deberá presentar un plan de paisajismo para minimizar el impacto en el Camino de Santiago, que deberá autorizar.
Otras precisiones se refieren a la instalación de la línea eléctrica o al proyecto de control arqueológico, que prevé incluso la revisión de fincas hoy abandonadas para comprobar la existencia de grabados de interés.
Estudos do Territorio, entre otras precisiones, mandó que se utilicen especies autóctonas en las plantaciones para minimizar el impacto visual de la factoría.
A esas condiciones hay que sumar las impuestas por la Axencia de Turismo de Galicia y las direcciones generales de Planificación e Ordenación Forestal, Defensa do Monte; Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica o Emerxencias e Interior.
El Gobierno concedió fondos de la UE a proyectos de otras comunidades sin tener la declaración de impacto ambiental
Alfonso Rueda criticó al Gobierno por condicionar la concesión de fondos europeos —250 millones— a que Altri contase con declaración de impacto ambiental (DIA) favorable, cuando no exigió lo mismo en otras comunidades.
El presidente citó el caso de ArcelorMittal, que ha renunciado a una subvención de 450 millones para una planta metalúrgica en Gijón. La ayuda se concedió en el Real Decreto 251/2023, emitido cuando ni se había iniciado la tramitación de la DIA.
Fuentes de la Xunta señalan que hay más ejemplos. Se anunciaron 155 millones para el proyecto Cartagena Large Scale Electrolyzer, en Murcia, cuando a día de hoy no hay avances en la evaluación ambiental, señalan.
También citan dos proyectos en Aragón, dedicados a la producción de amonio e hidrógeno verde, para los que se concedieron 53 y 28 millones de euros cuando habían solicitado la DIA, pero aún no estaba formulada.
En otras iniciativas con ayudas aprobadas mediante el Real Decreto 663/2024 sí se habían producido algunos avances o incluso ya contaban con la declaración.
Otro caso señalado por la Xunta es el de la gigafactoría de baterías de Envision-AESC en Navalmoral de la Mata (Extremadura), al que se concedieron 200 millones y un préstamo de otros 100 cuando no constaban avances en su tramitación ambiental. Lo mismo ocurrió con el proyecto Cobra Solutions, de producción de hidrógeno verde en Cartagena y Castellón, al que se dio una subvención de 150 millones mediante real decreto sin que también se hubiese avanzado en el procedimiento
A la vista de los ejemplos, Rueda ha reclamado un trato «equitativo» para Altri y los proyectos industriales en Galicia, que de otra forma estaría en desventaja competitiva frente a los de otras comunidades.