Consumo ya ha sancionado a cinco compañías con una multa conjunta de 179 millones, de la que Ryanair tendrá que pagar el 60 %
25 mar 2025 . Actualizado a las 17:40 h.Un paso más contra las «prácticas abusivas» que llevan a cabo las aerolíneas de bajo coste que fueron sancionadas por el Ministerio de Consumo. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha anunciado este martes que se persona en defensa de los consumidores y usuarios del transporte aéreo en los procedimientos judiciales contencioso administrativos de las cinco compañías aéreas (Ryanair, Vueling, Easyjet, Norgewian y Volotea) multadas. El procedimiento se abrió en el 2023 y el pasado noviembre Consumo ratificó la multa que asciende en conjunto a 179 millones.
Ryanair será la más afectada por la sanción una vez se resuelvan las alegaciones, ya que en su caso asciende 107,78 millones de euros, el 60 % de la multa total. Vueling, por su parte, deberá pagar 39,26 millones de euros; Easyjet, 29,1 millones; Norgewian deberá abonar 1,6 millones; y Volotea, 1,2 millones de euros, según confirmaron desde Consumo.
Omisiones «engañosas»
El ministerio público explicó en una nota de prensa que esas prácticas consistían en, por ejemplo, exigir el pago de un suplemento por el transporte de equipaje de mano en cabina. Detallaron que, además, se exige el abono de un sobrecoste sobre el precio del billete por la reserva de asientos contiguos en el caso de menores y personas dependientes y de sus acompañantes. También considera abusivo que no se permita el pago en metálico en los aeropuertos españoles, y que se imponga «una tasa desproporcionada y abusiva a los pasajeros por la impresión de la tarjeta de embarque».
La Fiscalía destaca las «omisiones engañosas de información y falta de claridad en los precios publicados tanto en su propia web como de terceros, dificultando la comparabilidad de ofertas de precios a las personas consumidoras y la toma de decisión».
Desde el Ministerio de Consumo valoraron positivamente el paso de la Fiscalía y reiteran la «determinación de defender los derechos de las personas consumidoras hasta el final, ante cualquier institución e instancia». «Nuestro objetivo es que ningún ciudadano en España ni en Europa tenga que volver a pagar por lo que la ley dice que es un derecho», aseguran en el comunicado.