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Hacienda rectifica y devolverá este año a los mutualistas el IRPF de la pensión

G. Lemos REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

Sergio Pérez | EFE

Hará el reintegro en un único pago y no fraccionado en cuatro, como pretendía

27 mar 2025 . Actualizado a las 20:13 h.

Hacienda devolverá este año, en un único pago, el IRPF pagado de más por los pensionistas que durante parte de su vida laboral (en concreto, antes de 1978) cotizaron a las antiguas mutualidades laborales. Así lo anunció ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en un nuevo giro de guion en la batalla judicial y administrativa que la Administración mantiene con este colectivo.

El Gobierno vuelve así al modelo original implantado la pasada primavera y renuncia a fraccionar dichas devoluciones en cuatro ejercicios, desde este 2025 al 2028, un pago escalonado que había decretado a finales de diciembre del año pasado, en plenas Navidades, en un movimiento que molestó no solo a los afectados (que vieron como todo el papeleo realizado se archivaba sin ni siquiera tramitar) sino también a los sindicatos. De hecho, la rectificación de Hacienda se produce apenas una semana después de una reunión en la que tanto CC.OO. como UGT reclamaron al Ejecutivo una rectificación.

Si entonces el fisco rechazó modificar el calendario argumentando que no tenía «margen de corrección», ya que cualquier cambio requería la promulgación de una «norma de rango legal», esos obstáculos han desaparecido solo ocho días después. «Tras escuchar al colectivo y a los sindicatos, vamos a impulsar un cambio normativo para acelerar al máximo estas devoluciones y se reciban en un solo pago a lo largo del 2025», anunció ayer en rueda de prensa la vicepresidenta primera. «La Agencia Tributaria está en condiciones de poder atender estas solicitudes en ese solo pago».

¿A cuánto asciende la deuda? Montero ha detallado que la cuantía total a devolver son 5.936 millones, incluyendo la parte que corresponde a las haciendas forales vascas y navarra. Una cifra que ya se ha computado en el cálculo del déficit público del 2,8 % del PIB del año pasado, y de la que ya se ha devuelto una parte, en concreto 1.325 millones. Es el importe reintegrado a aquellos contribuyentes que presentaron el formulario para el reintegro la pasada primavera y cuyas solicitudes fueron tramitadas por el fisco antes del cambio legal operado en diciembre.

Montero ha justificado que la decisión de reiniciar el proceso y fraccionar los pagos buscaba «ordenar esas solicitudes para no provocar ni cuellos de botella ni dificultad para hacer frente la sentencia» y arrojar «certidumbre» al proceso, aunque pare ello tuviese que pagar intereses del 4,0625 % por cada año de retraso en el reintegro. Pero, viendo la contestación social (que amenazaba con judicializar el asunto), Hacienda ha optado por volver al antiguo modelo. Eso sí, los afectados tendrán que volver a hacer el trámite de solicitud, ya que no valdrá el formulario del pasado ejercicio.

¿Quiénes pueden pedir este reintegro? Los pensionistas que durante parte de su vida laboral (antes de 1978) cotizaron a las antiguas mutualidades, cuyas cuotas, a diferencia de lo que hoy ocurre con las cotizaciones a la Seguridad Social —exentas del IRPF— sí tributaban, por lo que el Tribunal Supremo sentenció que la parte de la pensión que corresponda a esos años debe quedar exenta en el impuesto sobre la renta, para que no se produzca una doble tributación. En Galicia son 350.000 los afectados por esta situación, incluyendo a los herederos de mutualistas ya fallecidos.

Montero y Díaz negocian una nueva deducción para que el salario mínimo no tenga tributación efectiva

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, desveló ayer que sus negociaciones con Sumar sobre la fiscalidad del salario mínimo interprofesional pivotan sobre el establecimiento de una deducción específica en el impuesto sobre la renta para los perceptores del SMI, de forma que la desgravación evite la tributación efectiva.

Según ha explicado la titular de Hacienda en rueda de prensa, el coste de esta desgravación (de unos 200 millones de euros anuales) sería «mucho más bajo» que la pérdida de recaudación que supondría elevar el mínimo exento del IRPF hasta igualar el importe del salario mínimo, con un coste de entre 1.500 y 2.000 millones.

«Es lógico pensar que en la medida en que esas rentas salariales [las de los perceptores del SMI] vayan subiendo, tienen que ir aportando de forma proporcional al sostenimiento de las arcas públicas», defendió la titular de Hacienda. Por su parte, su homóloga de Trabajo, Yolanda Díaz, recordó ayer que, en caso de imponer tributación al salario mínimo, el importe de este no alcanzaría el 60 % del salario medio, como mandata la Carta Social Europea, lo que supondría «una tremenda injusticia fiscal».

No renuncia al impuesto al diésel

Montero también explicó que sigue trabajando para eliminar la bonificación fiscal que tiene el diésel respecto a la gasolina, una medida comprometida con Bruselas y de la que depende el desembolso del quinto tramo de los fondos europeos. «El Gobierno de España va a seguir trabajando con Podemos y con el resto de grupos para que esto sea una realidad, porque estaba pactado dentro del paquete de reforma fiscal», remarcó, aunque también deslizó que Bruselas podría ser más flexible en caso de incumplimiento por los datos récord de recaudación en España.