Menos horas de clase y menos alumnos por aula son dos de las principales propuestas
30 oct 2019 . Actualizado a las 18:02 h.El Consejo Escolar del Estado (CEE) acaba de aprobar su Informe 2019 después de recoger las enmiendas de los diferentes colectivos, que fueron más de cien aunque muchas de ellas estaban repetidas. Estas son algunas de las recomendaciones que hace el CEE para el Ministerio de Educación:
- Reconocer la escuela pública como eje vertebrador del sistema educativo.
- Incrementar la inversión educativa. Propone «la inmediata corrección» de la actual inversión en educación «recuperando los niveles de inversión educativa previos a la crisis económica», que en el 2009 se aproximaban al 5% del Producto Interior Bruto. La CIG había propuesto «o incremento progresivo para recuperar inmediatamente o 5% e situarnos nas cifras de gasto previas á crise, consolidando o 6% que marcan os Obxectivos 2020 da UE e así camiñar cara o 7% do PIB a medio prazo».
- Reducir el horario lectivo de todo el profesorado. Los sindicatos aludieron a que el decreto de marzo de este año no garantiza un horario lectivo adecuado ni siquiera en el ámbito de gestión directa del Ministerio. «Es un hecho -explicaban en STES- que la dedicación horaria anual del profesorado del Estado español es superior a la media de los países de la OCDE y de la UE-22. Según los datos del Panorama de la Educación 2018, en primaria se dan 880 horas netas de clase anuales, frente a las 784 de la media de la OCDE y las 762 de la UE-22. En los dos primeros cursos de ESO son 713 horas (en la OCDE 703 y en la UE 668) y en los cursos superiores de secundaria hay 693 horas netas de clase frente a las 657 horas de la OCDE y las 635 de media de la Unión Europea». El pasado mes de septiembre, el sindicato STES denunció que comunidades como Madrid, Castilla y León, Galicia, Murcia, Baleares o Castilla-La Mancha mantienen un horario lectivo por encima incluso de lo que recomienda la ley.
- Bajar las ratios en las aulas. Es la manera, explica el CEE, de poder atender a los alumnos según sus necesidades. En Galicia en la actualidad la ratio está en 25 alumnos en primaria y 30 en secundaria, pero no cuentan los repetidores (en primero y segundo de ESO son habituales) y los alumnos con necesidades educativas no tienen un factor diferenciador (cuentan como un alumno sin necesidades especiales). Galicia no amplió la ratio cuando en el 2012 el Ministerio se lo permitió.
- Homologación de los sueldos entre profesores de la escuela pública y la concertada. Según denuncia FeSP-UGT, en Galicia un docente de la concertada gana al inicio de su carrera el 95% del sueldo de uno de la pública y tras 25 años trabajando, al no recibir sexenios, gana el 84% de su homólogo. Son unos 7.000 euros brutos menos al año. Ellos exigen igualdad al amparo de «mesmo traballo, mesmo salario».
- Retomar el Pacto. Retomar «sin demora el trabajo que conduzca finalmente a un Pacto de Estado por la Educación con el fin de mejorar la educación en España, por encima de los intereses partidistas y de la rentabilidad mediática y electoral».
- Simplificación y armonización del currículo en toda España.
- Fomentar la coeducación en las aulas.
- Estabilidad y consolidación del profesorado interino. Consideran injusto que esté amenazado por despidos y constantes cambios de centro.
- Protección de los profesores de Religión. Lo presentó la federación de enseñanza de USO (Feuso) en una propuesta en la que explican que los docentes de esta materia «tienen drásticas reducciones de su jornada que les están abocando a una situación de grave crisis y precariedad laboral».
- La aprobación de una ley de la función docente.
- Establecer el sistema de pago delegado para el personal no docente de los colegios concertados- Se trató a propuesta de FSIE y quieren igualar las condiciones de este personal con las de los profesores, cuyos sueldos abona la Administración directamente, sin intervención del centro.
- La revisión de los módulos económicos del sistema de conciertos. También lo propuso FSIE, que cree que hay que adaptarlos a los costes reales de las escuelas.
- La oferta suficiente de plazas de educación infantil de primer ciclo (de cero a tres años).
- La extensión del servicio de Orientación al segundo ciclo de infantil y primaria.
- Recuperación de la jubilación anticipada a los 60 años. Actualmente está en los 67 años. Esto incluye también la posibilidad de la jubilación parcial en la enseñanza privada.
- Garantizar la descentralización de la educación. Este asunto preocupó especialmente a la CIG, junto con las garantías de una gestión democrática de los centros y la defensa de la educación pública frente a una progresiva privatización.
- La realización de un «informe detallado» sobre las actuaciones respecto a las recomendaciones del Consejo. Ese documento tendrá que ser enviado al Consejo Escolar del Estado para que «pueda valorar su contenido y tomar las decisiones que puedan derivarse de dicha valoración».
- Dar a conocer suficientemente el sistema de becas entre los estudiantes. La propuesta de Canae incluye facilitar la tramitación de las ayudas, y no solo en el sistema universitario sino en las otras etapas educativas.
- Reducir «la huella medioambiental» en los centros educativos e incorporar al currículo contenido relacionado con la protección del medio ambiente. Esto incluiría fomentar y dar a conocer los objetivos de desarrollo sostenible en las aulas y la promoción de la agenda 2030 en los centros educativos.
