Los padres podrán negarse a que sus hijos acudan a alguna actividad. El curso pasado ya quisieron implantarlo y finalmente se suspendió
22 mar 2021 . Actualizado a las 09:11 h.El presidente de Murcia, Fernando López Miras (PP) entregará previsiblemente la cartera de Educación a la exdiputada de Vox Mabel Campuzano, tras votar ella (y otros dos expulsados del partido de Abascal) contra la moción de censura de PSOE y Ciudadanos. Un centenar de personas se manifestaron ayer a las puertas del Palacio de San Esteban en Murcia contra esta decisión, entre otras cosas porque se temen que quiera poner en marcha su ansiado pin (o veto) parental.
¿Qué es?
Es una propuesta que ha cambiado algo con el tiempo. Primero se concibió como la necesidad de que los padres de un alumno den autorización expresa para que su hijo escuche o acuda o reciba alguna charla/actividad realizada por personas ajenas al profesorado y que afecte «a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad, que puedan resultar intrusivos para la conciencia y la intimidad de nuestros hijos». Es decir, asuntos sobre identidad de género, feminismo o diversidad LGTBI.
Ahora esta idea se mantiene pero con un matiz: los padres pueden vetar la participación de su hijo en una actividad complementaria, pero si no dicen nada el alumno acudirá.
¿Por qué?
En Vox tienen miedo al «evidente adoctrinamiento en ideología de género que sufren nuestros menores en los centros educativos, en contra de la voluntad y contra los principios morales de los padres, a través de contenidos curriculares en asignaturas, actividades tutoriales, talleres y clases sobre ideología de género». Entienden que son ellos en su casa los que deben educar a sus hijos en estas cuestiones.
¿Qué opinan los que se oponen?
Hay dos aspectos: el legal y el educativo. Sobre el primero, dicen que esta «censura previa» va en contra de la Ley de Violencia de Género y de las leyes autonómicas LGTBI, que expresamente dicen que se tiene que dar formación en los colegios sobre este tipo de contenidos. En cuanto al educativo, se insiste en que los padres deben confiar en el centro al que envían a sus hijos y expresar sus críticas y dudas en el consejo escolar.
El fondo de la cuestión
En el fondo de la cuestión está este dilema: ¿Tienen todos los niños derecho a ser formados en los principios democráticos de respeto y tolerancia, incluso aquellos cuyos padres no quieran hablar de que existe la homosexualidad o la transexualidad? O dicho de otro modo, ¿tienen los padres el derecho a vetar la formación que recibe sus hijos sobre igualdad que contemplan las leyes autonómicas y estatales para las escuelas? En este terreno el pin-veto parental puede tener todas las de perder. En el 2009, el Tribunal Supremo sentenció que una familia no podía objetar a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que incluía contenidos de igualdad, y de ahí que más que de objeción se hable de pin.
Hay una polémica parecida con el programa Skolae en Navarra, que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) paralizó, pero por un defecto formal en la tramitación de la normativa, sin entrar en el fondo de la cuestión ni en el derecho de los centros o el Gobierno foral (los materiales estaban hechos por la consejería de Educación) a ofrecerlo. El programa, premiado por la Unesco, engloba una serie de actividades para la educación emocional en la igualdad y tolerancia de todas las personas; sin embargo, algunas familias consideraban que se incluía una inaceptable educación sexual.
¿El pin se aplica en algún lugar de España?
No. Precisamente en Murcia ya se intentó instaurarlo al principio del curso pasado (era una condición para el apoyo de Vox al Gobierno de PP-Ciudadanos). El Ministerio de Educación y FP alertó a la consejería que incumplía la ley e interpuso un contencioso; y el Tribunal Superior de Justicia de Murcia dejó en suspenso su aplicación el pasado febrero y no se volvió a reactivar porque la pandemia impidió la vuelta a clase. Este curso no se ha puesto en marcha porque no hay actividades presenciales más allá de las docentes.
En Madrid, a pesar de que el apoyo de Vox al gobierno de Ayuso-Aguado lo incluía, no se ha puesto en marcha. Eso sí, los colegios tienen que informar a principios de curso de todas las actividades complementarias (charlas, visitas y talleres) que organizarán a lo largo del año.
Legalmente, ¿que supone si finalmente se aplica?
De entrada, que habrá un recurso del Ministerio de Educación y FP otra vez, por todas las vías posibles (administrativa y judicial). Isabel Celaá dejó claro que se opondría frontalmente a esta medida allá donde se intente implantar. Considera que es una «objeción de conciencia encubierta» que va en contra de la legislación española, y es que son los profesores los que deciden qué actividades complementarias (salidas, charlas, talleres) hacen sus alumnos.
El Tribunal Constitucional recuerda en varias sentencias que el derecho a la objeción de conciencia solo existe en nuestro ordenamiento en los casos expresamente contemplados por la Constitución y las leyes.
Además, la Lomloe (ley Celaá) que ya está en vigor, es especialmente clara en este terreno de la coeducación y tolerancia hacia todas las personas al margen de su orientación sexual o género.