En el texto defiende el castellano como lengua vehicular y denomina «lengua propia» a la cooficial
29 mar 2021 . Actualizado a las 19:13 h.«Venimos a defender la libertad, la calidad de la educación y la unidad del sistema». Con esta frase, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha presentado el recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ley de educación (Lomloe) en un acto en un centro concertado, el Colegio Internacional J.H Newman de Madrid.
Acompañado del presidente de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Javier Esparza, partido que también rubrica el recurso, Casado se presentó con responsables de Cofapa, una de las asociaciones de familias.
Este recurso se suma a las protestas de Más Plurales (una plataforma de diferentes colectivos contrarios a la ley) que apoya el PP; las quejas presentadas ante el Parlamento Europeo; las medidas para "matizar" la aplicación de la normativa en las comunidades en las que gobiernan los populares -como el adelanto de los procesos de matriculación, que también firmó Galicia-; y la promesa de derogar la normativa en cuanto llegue el PP al gobierno.
El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha defendido el recurso por considerar que dicha norma tendría que haber nacido «fruto del consenso y no de la imposición del Gobierno de España y de sus socios de gobierno». Además, entiende que la Ley Celaá «vulnera principios constitucionales» como la libertad de elección de centro, y supone también «un ataque claramente a la enseñanza concertada» y «por lo tanto, a la libertad de los padres».
El texto de 90 páginas, encargado al bufete de abogados Martínez-Echevarría, en el que trabaja el expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera, cuestiona 16 artículos y dos disposiciones adicionales. Estos son los principales asuntos que aborda:
Concertada. Se entiende inconstitucional que el colegio no pueda cobrar las «actividades extraescolares y servicios escolares», igual que el hecho de que no pueda haber discriminación económica en las actividades complementarias produce una «asfixia de la educación concertada». También rechaza que la programación de plazas tenga como prioritario el sistema público, porque deja a la concertada «un papel meramente subsidiario y subalterno».
Planificación. Que los ayuntamientos no puedan ceder suelo gratuito a los colegios concertados demuestra la voluntad del Estado «de crear un sistema educativo monolíticamente público, arrinconando y marginando a los centros educativos que no lo sean».
Educación diferenciada. También se recurre el artículo que determina que el concierto se limitará a centros mixtos, que vulnera, dice el PP, el artículo 14 de la propia Constitución.
Castellano. En este apartado el recurso dice que se omite «garantizar el carácter vehicular en la enseñanza del castellano», vulnerando los artículos 3.1, 2 y 149.1 de la Carta Magna. Entiende que el texto habla de lengua propia sobre la cooficial y «deja al español o castellano, por contraposición, la consideración de lengua no propia, ajena, extraña, obligada o impuesta».
Religión. Que la Religión no sirva para la nota media es un motivo más llevar esta norma ante el Alto Tribunal.
Educación Especial. Recurren el articulado sobre la elección de centro para cada alumno porque dicen que solo se escuchará a las familias que optan por la educación ordinaria.