El examen de inspectores de Educación: 30 preguntas cortas, una prueba práctica escrita y una exposición oral

El Gobierno prepara un nuevo real decreto sobre la inspección educativa, que presentó a las comunidades autónomas, y que pretende unificar y modernizar la figura del inspector en todo el territorio, que rige por una norma que tiene treinta años, aunque sufrió varias modificaciones.

El borrador aborda diferentes aspectos de la profesión. Este es un resumen de sus principales puntos:

¿Quién puede ser inspector de educación?

Hay que tener en cuenta que ser inspector «es el nivel más elevado de los que configuran los cuerpos docentes no universitario (...) lo que comportará el debido reconocimiento por parte de las Administraciones».

Por eso, hay exigencias para poder optar a una de estas plazas:

1) Pertenecer a alguno de los cuerpos que integran la función pública docente, como personal funcionario de carrera, con al menos una antigüedad de ocho años.

2) Acreditar una experiencia docente de ocho años como funcionario de carrera.

3) Estar en posesión del título de doctorado, máster universitario, licenciatura, ingeniería, arquitectura o título equivalente. Se considerarán equivalentes los títulos de nivel 3 MECES. 

4) Deberá aportar la certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos (como todos los que trabajan con menores).

¿En qué consiste su trabajo?

En general, controlar el funcionamiento del centro, el trabajo de los profesores y ayudarles a mejorar. Según el decreto, son estas sus funciones:

1) Supervisar, evaluar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos, así como los proyectos y programas que desarrollen.

2) Supervisar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua.

3) Evaluar la función docente y la función directiva de centros, servicios y programas.

4) Participar en la evaluación del sistema educativo y de los elementos que lo integran.

5) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.

6) Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en las leyes orgánicas de educación, incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres.

7) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.

8) Emitir los informes solicitados por las Administraciones educativas respectivas o que se deriven del conocimiento de la realidad propio de la inspección educativa, a través de los cauces reglamentarios.

9) Orientar a los equipos directivos en la adopción y seguimiento de medidas que favorezcan la convivencia, la participación de la comunidad educativa y la resolución de conflictos, impulsando y participando, cuando fuese necesario, en los procesos de mediación.

¿Cómo será la oposición?

La propuesta del Ministerio de Educación es diseñar un examen en tres partes, todas ellas con carácter eliminatorio y valoradas de 1 a 10 puntos, con exigencia de tener un 5 para pasar a la siguiente.

1) Contestación por escrito a un cuestionario de como mínimo 30 preguntas y como máximo 45, referido a la parte A del temario (cuestiones pedagógicas, de organización, gestión y legislación), garantizándose la realización con carácter anónimo.

2) Realización por escrito de una prueba práctica en la que se analicen uno o varios supuestos prácticos sobre las técnicas adecuadas y competencias necesarias para la actuación de la inspección de educación, en la que podrá exigirse la elaboración de un informe de inspección. Se requerirá que la persona aspirante efectúe la lectura del supuesto o supuestos escritos ante el tribunal. Aquí se puede ampliar con temas propios de la comunidad autónoma.

3) Exposición oral de un tema referido a la parte B del temario, elegido por la persona aspirante de entre dos extraídos por sorteo por el tribunal.

La valoración será: el 30 % de los puntos son para el cuestionario y otro tanto para la exposición oral; el supuesto práctico valdrá un 40 %.

¿Y el concurso?

Tiene cuatro apartados:

1) Trayectoria profesional, hasta 3 puntos: por cada año, 0,5 puntos, por cargos de responsabilidad, 0,5 puntos por año; por ser catedrático, 1 punto.

2) Ejercicio como inspector accidental, hasta 4 puntos: por cada año, 1 punto.

3) Ejercicio de cargos directivos (al margen de los ocho exigidos para ser inspector), hasta 3 puntos: por cada año en la dirección, 0,75 puntos; en la jefatura de estudios, 0,5 por año; jefe de departamento y similares, 0,1 por año.

4) Preparación científica y didáctica, y otros méritos, hasta 2 puntos: preparación específica para inspector, 0,5 puntos máximo; idiomas, hasta 0,3 puntos; evaluaciones positivas, hasta 0,5 puntos; publicaciones relacionadas con la función inspectora, hasta 0,2 puntos; acreditación de competencia digital, 0,5 como máximo.

La propuesta del Gobierno, que todavía puede variar, no convence a todo el mundo. El sindicato ANPE, que es el mayoritario a nivel estatal, critica un par de cuestiones: prefiere que la parte A del examen sea un cuestionario test de 100-120 preguntas, porque podría ser mucho más objetivo; que las prácticas no pasen de 6 meses (se propone que sean entre 6 y 12 meses); o que se incluya un calendario de aplicación.

Crean seis grupos de trabajo para abordar cambios de la profesión docente

Ministerio de Educación y sindicatos han comenzado otra negociación importante, la del futuro estatuto docente. Para desarrollarla se han creado seis grupos de trabajo: marco de competencias profesionales docentes; formación inicial del profesorado, que podría incluir una entrevista como prueba a mayores de la selectividad; sistemas selectivos e ingreso en la función docente, con la sombra del mir docente como filosofía; tutorización de prácticas e iniciación a la docencia, un aspecto fundamental para los sindicatos con la figura del tutor; formación permanente del profesorado, en la que inciden las Administraciones; y sistema y procedimientos para el desarrollo profesional docente.

Son ideas similares a la propuesta de 24 medidas que se dieron a conocer en el 2022.

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