Los servicios jurídicos de la Eurocámara descartan que el expresidente huido pueda obtener inmunidad y la Comisión Europea rechaza definitivamente el registro de la asociación belga CATGlobal, el «lobby» que su equipo preparaba ante la UE
17 abr 2019 . Actualizado a las 21:01 h.Los servicios jurídicos del Parlamento Europeo (PE) descartaron que el expresidente catalán huido Carles Puigdemont pueda obtener inmunidad por el mero hecho de ser elegido en las elecciones europeas y que pueda, en consecuencia, efectivamente ser eurodiputado.
En un análisis que realizaron los juristas del PE a petición del presidente, Antonio Tajani, se establece que las prerrogativas derivadas de ser eurodiputado no tienen efecto hasta que no se constituye la nueva legislatura, el próximo 2 de julio en Estrasburgo. «De acuerdo al artículo 146 del reglamento, la protección del artículo 9 [inmunidad] extiende sus efectos para los nuevos elegidos en la Eurocámara el 2 de julio del 2019 a las 10 de la mañana», señala el punto 12.
En el texto, que se refiere en términos generales a los españoles que tengan procedimientos criminales abiertos y sus opciones de concurrir a las elecciones, en referencia a los líderes independentistas en prisión o huidos, se recuerda también que la presencia para jurar la Constitución, trámite imprescindible, debe ser «física». «Es un requisito constitutivo para la inclusión en la lista (de eurodiputados) que las autoridades deben comunicar al Parlamento Europeo», señalan los juristas.
Respecto a los candidatos en prisión, señala que las autoridades españolas «han dado permisos penitenciarios en el pasado para cumplir» con el objetivo de tomar el acta y jurar la Constitución, pero añade que eso se ha decidido «caso por caso y según las circunstancias». Para el caso de Puigdemont o los otros huidos, se dice que «un candidato con una orden de detención nacional en España puede ser candidato», pero añade que su «presencia en Madrid» es necesaria para jurar o prometer la Constitución española y «ser incluido en la lista de diputados que las autoridades españolas comunicarán al Parlamento Europeo», dice el texto.
«Si fuera detenido en ese momento, las autoridades judiciales españolas tendrían que autorizar que pudiera cumplir estos trámites. Sin esa autorización, la recogida del escaño dependería de las autoridades judiciales españolas», añade en las conclusiones el texto, de 19 puntos.
Rechazo al «lobby» CATGlobal
Por otra parte, la Comisión Europea (CE) rechazó definitivamente el registro de la asociación belga CATGlobal que el entorno del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont intentó oficializar el pasado enero como grupo de presión (lobby) ante las instituciones de la Unión Europea. «CATGlobal ha sido retirada del Registro de Transparencia tras no proporcionar la información necesaria para el registro», informó este miércoles una fuente europea conocedora del proceso.
El pasado 14 de enero se tramitó en el portal comunitario el registro de esa asociación sin ánimo de lucro con sede en el mismo chalet de la localidad de Waterloo donde Puigdemont tiene fijada su residencia en Bélgica. Se trata del mismo inmueble donde está inscrita la sede del llamado «Consell per la República» que, entre otras funciones, sirve para recaudar fondos y para promover «la generación de nuevas fórmulas de movilización democrática», según la información de la web.
Pero CATGlobal ASBL no apareció a continuación en el listado público de grupos de interés registrados ante las instituciones comunitarias, un portal que gestiona la Comisión Europea. Esto se debió a que había «cosas que tienen que cambiar», según indicó entonces una fuente comunitaria, que precisó que se tarda «normalmente dos semanas» en recibir el visto bueno del registro si no se exige ninguna modificación.
El registro se introdujo en ese mecanismo para velar por la transparencia en las instituciones comunitarias a nombre de Jaume Cabani, un ingeniero informático responsable también de las operaciones de la web independentista Republicat. En dicho proceso de inscripción se describía a CATGlobal dentro de la categoría de «organizaciones no gubernamentales» con el objetivo no lucrativo de «favorecer, difundir y realizar iniciativas» susceptibles de «promover» y «apoyar el desarrollo y la realidad social de la comunidad catalana».
La asociación, según los documentos del intento de registro, dice tener representación en Bélgica, España, Francia y Reino Unido y se interesa en particular en las actividades de la Unión Europea relacionadas con los «derechos ciudadanos» y especialmente con «los derechos fundamentales como el derecho a la libertad de expresión». El registro incluía un número de teléfono belga que atendía en francés un varón con acento español que, contactado por Efe, guardó silencio ante las preguntas sobre la actividad de dicha asociación antes de colgar sin hacer ningún comentario.
Según esos documentos, CATGlobal cuenta con diez personas afiliadas y en ella trabajan tres personas a tiempo completo y otras cuatro a tiempo parcial, si bien no se detalla ninguna información financiera sobre la asociación, que se constituyó como tal en Bélgica en febrero del 2018.
Además de Cabani, están vinculados a la misma Jaime Bernis Calatayud, lobista y socio de la consultora TAS Europroject, y Erika Casajoana, consultora en comunicación pública y ahora candidata a las elecciones europeas por la lista de Junts per Catalunya que encabeza Puigdemont, los exconsejeros también huidos de la justicia española Antoni Comín y Clara Ponsatí.
Igualmente, en los documentos figuran vinculados a CATGlobal Josep Matamala, empresario que arropa a Puigdemont desde que huyó a Bélgica y ahora candidato a senador por Junts per Catalunya por Gerona, y Piet van den Bergh, relacionado con el servicio de estudios de la Confederación de Sindicatos Cristianos (ACV).
Transcurridos cuatro meses de aquella solicitud inicial, el registro del lobby de Puigdemont ha sido definitivamente invalidado por el Ejecutivo comunitario, si bien las fuentes precisaron que siempre sería posible iniciar un nuevo registro con nuevos datos.
Puigdemont viajó a Bruselas el 30 de octubre del 2017, tres días después de la declaración de independencia de Cataluña, que fue sancionada como ilegal por la Justicia española y conllevó el procesamiento de Puigdemont por el Supremo por presuntos delitos de rebelión y malversación.
