Complejo en su diseño y opaco en sus resultados, el actual modelo, pendiente de reforma, se ha ido remendando por las presiones territoriales sin que hayan corregido sus desequilibrios
08 dic 2015 . Actualizado a las 09:43 h.Instrumento clave a través del cual las comunidades costean la sanidad, la educación y los servicios sociales de forma equitativa, el actual sistema de financiación es el auténtico soporte de una España descentralizada. El Gobierno ha aplazado su reforma tras unos años marcados por el desplome de los ingresos a causa de la crisis. Pero el modelo actual, pese a los avances, arrastra algunos problemas de índole estructural.
¿Cuál es su diseño?
Con la excepción del régimen foral (concierto vasco y cupo navarro), el resto de autonomías se rigen por el régimen común. Hay impuestos compartidos entre el Estado y las autonomías: el 50 % en el IRPF y el IVA, y el 58 % en los impuestos especiales. Porcentajes que subieron tras la última reforma de Zapatero, en el 2009. A esto se suman los impuestos cedidos a las comunidades: patrimonio, sucesiones, transmisiones, juego, electricidad y medios de transporte: la cesión es del 100 % de la recaudación, a lo que hay que añadir una importante capacidad de las comunidades para mover los tipos, lo que diversifica el mapa tributario y ha aumentado la competencia entre las diferentes autonomías, tal y como ha sucedido con las herencias. Finalmente, estarían la maraña de tributos propios de cada comunidad: hay hasta 75, pero apenas representan el 2,4 % de sus ingresos.
¿Cómo se distribuye?
El cálculo de las transferencias se hace en base a los porcentajes de tributos compartidos (50 % de IRPF e IVA y 58 % de impuestos especiales) y a cuatro fondos complementarios: el de garantía de servicios públicos fundamentales, el de suficiencia global, el de cooperación y el de competitividad.
¿Cuál es más importante?
El fondo de garantía: contribuye a financiar sanidad, educación y servicios sociales, y mueve el 80 % de los recursos del sistema. Tiene siete criterios de distribución: población, superficie, dispersión territorial, insularidad, población protegida equivalente, población mayor de 65 años y población entre cero y 16 años. El modo en que se ponderan estas variables es fuente constante de enfrentamiento entra las comunidades. Galicia pide que se tenga en cuenta la dispersión de núcleos y el envejecimiento a la hora del reparto porque dispara el gasto en prestación de servicios y en sanidad. La Xunta acaba de plantear que se valore la población mayor de 85 años.
¿Dónde está el problema?
El modelo por el que se distribuyen las cantidades es opaco y confuso y ha sido remendado con parches para atender injusticias históricas o compensar algunas reclamaciones políticas. En esto existe un amplio consenso entre los académicos. Las comunidades recelan entre sí y están en constante pugna con el Estado. E incluso hay autonomías que plantean revisar el concierto vasco, no eliminarlo. El objetivo sería, según ellas, que los territorios forales participasen en los mecanismos de solidaridad del sistema.
¿Por qué se llega aquí?
Más allá del desplome de ingresos que ha generado la crisis, el modelo arrastra un problema estructural: las comunidades autónomas siguen siendo muy dependientes de las decisiones del Gobierno central, lo que hace que sean incapaces de resolver por sí mismas problemas de insuficiencia estructural. Un ejemplo: aunque hubo compensaciones, las comunidades tuvieron que sufrir la decisión de Zapatero de suprimir el impuesto de patrimonio. Digamos que hay cierta autonomía en el gasto, pero no en cómo se ingresa. Y cuando existe un problema, siempre se encuentra el Estado para resolverlo: una característica que singulariza a España respecto a otros modelos federales. Existe consenso entre los académicos en que las comunidades tienen que ganar en responsabilidad y autonomía tributaria.
¿Cuál puede ser el camino?
Una de las propuestas sería avanzar hacia la sustitución del actual modelo de impuestos cedidos por uno de tributos separados: el objetivo sería dotar a las comunidades de una capacidad real para que sus ajustes fiscales tengan un impacto real en el volumen de recursos que manejan. Esto ayudaría a la clarificación del sistema hacia los ciudadanos. Y lo más importante: ayudaría a las comunidades a responsabilizarse más en la gestión. Esto va más allá de poner en orden el mapa tributario autonómico, ya que se trataría de darles instrumentos para que puedan subir y bajar impuestos; decisión que tomarían ellas ante sus electores, sin escudarse en el Estado. Dadas las diferencias regionales de riqueza, el sistema debería mantener los mecanismos de nivelación con un único fondo de reparto.
Coincidencia en la necesidad de un cambio, sin aclarar bien cómo
En un asunto tan complejo como la financiación autonómica, el repaso a los programas electorales arroja, en términos generales, una conclusión: existe el consenso general en la necesidad de reformar el modelo, pero no se aclara muy bien cómo. Demasiada ambigüedad y escasas propuestas concretas.
PP
Catálogo de servicios esenciales. Los populares proponen definir y acordar una oferta de servicios básicos limitada a las áreas de educación, sanidad y servicios sociales para los que se garantizaría desde el Estado una financiación suficiente: no variaría con el tiempo y tampoco estaría sometida a las oscilaciones de la economía. El resto corre a cargo de las comunidades. El PP propone armonizar el complejo mapa tributario autonómico, poner orden, pero aún no ha aclarado si dará mayor o menor poder las comunidades para subir o bajar impuestos.
PSOE
Igualdad y suficiencia. Para respetar ambos principios, los socialistas concurren a la cita del 20D con la promesa de negociar un nuevo sistema que corrija los déficits de financiación y garantice la prestación de los servicios públicos esenciales en idénticas condiciones con independencia de donde se resida. No dice nada más el programa. Públicamente, algunos de sus miembros sí han apostado por aclarar lo que debe financiar el Estado y lo que debe ser, a medio plazo, responsabilidad de las comunidades.
Ciudadanos
Autonomía fiscal. La formación de Albert Rivera es la que quizás plantee una oferta más concreta sobre cuál es su modelo de reforma del sistema: al igual que el PP y el PSOE, apuesta de salida por blindar la sanidad y la educación. Pero va más allá: propone la creación de un fondo de cohesión territorial y social que reemplazaría a los cuatro que existen la actualidad. Este sería un instrumento para dar a todas las comunidades los recursos suficientes para garantizar una cartera de servicios tipo. Si alguna quiere ampliar esta cartera, deberá hacerlo con cargo a sus propios recursos. Para ello propone dotar a las comunidades de competencias normativas sobre un tramo de los principales tributos indirectos. Ciudadanos entra en el asunto del espinoso régimen foral: no aclara si País Vasco y Navarra deben pasar al régimen común, pero si apuesta porque aporten más a las arcas del Estado.
Podemos
¿Reforma federal?. El punto 54 del programa de Podemos constituye un compendio de intenciones, pero que no entra en los detalles esenciales de una eventual reforma. «Impulsaremos un nuevo acuerdo de financiación territorial en el marco de una reforma constitucional que reconozca la dimensión plurinacional de nuestro Estado. Para ello, llevaremos a cabo un proceso de evaluación de los sistemas de financiación de las comunidades autónomas, con la finalidad de promover un consenso sobre las reformas necesarias para que mejore su eficacia», dice.
Nós Candidatura Galega
Concierto económico propio. Los nacionalistas gallegos reclaman al Gobierno central plena capacidad normativa, de gestión y responsabilidad fiscal sobre todos los impuestos que soportan los ciudadanos de Galicia, de forma que pueda impulsarse una agencia tributaria propia. Un sistema que incluiría competencias para la comunidad autónoma sobre cómo financiar también las maltrechas haciendas de los ayuntamientos.