La exención a jóvenes con el primer empleo es escasa, porque la mayoría empiezan con sueldos muy bajos
11 dic 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Rajoy ha irrumpido en el ecuador de la campaña electoral para acaparar la atención con nuevas promesas fiscales que suponen modificar un pilar básico del sistema tributario español: el impuesto que grava la renta de las personas físicas.
¿Cuál es la medida para los jóvenes?
Para favorecer el empleo, el líder del PP arrancó en un desayuno informativo con la promesa de eliminar el IRPF a todos los parados que hallen un puesto de trabajo. Posteriormente, la nota oficial del partido, introducía un matiz importante al referirse al primer empleo. Es decir, se trata de una iniciativa para los jóvenes. Sin embargo, en España ya están exentos de tributar por IRPF aquellos trabajadores que ganan por debajo de 12.000 euros brutos y de presentar la declaración por debajo de 22.000. Por tanto, el impacto en las arcas públicas es pequeño. Los técnicos de Hacienda estiman que solo el 2 % de los nuevos empleados menores de 30 años podrían beneficiarse de esta iniciativa fiscal.
¿Qué se plantea a quien alargue la vida laboral?
En aras de proteger la salud financiera del maltrecho sistema de pensiones, con un desequilibrio cada vez mayor entre cotizantes y perceptores, el presidente Rajoy propone eliminar el IRPF para aquellos que decidan prolongar la vida laboral más allá de los 65.
¿Cuál es su coste?
Incierto. El candidato del PP ha avanzado que habrá límites de renta, pero sin precisar los tramos. Por tanto, no sabemos cuánto dejará de ingresar el Estado en IRPF y cuánto ahorraría el sistema público de pensiones. El desconocimiento de la letra pequeña siembra el desconcierto entre académicos y expertos en materia tributaria, al tratarse de una propuesta en cuyo enunciado se plantea a la sociedad un potente incentivo fiscal. Aunque se establezcan unos límites, todos coinciden en que tendrá un impacto en la recaudación y, por tanto, en la financiación de servicios esenciales. No debe olvidarse que un jubilado también tributa por el IRPF. Los técnicos de Hacienda ya se han apresurado y estiman que la medida podría beneficiar a 42.000 personas con un coste para el Estado de 680 millones de euros.
¿Cuál es el riesgo de una iniciativa como esta?
Podría beneficiar a los estratos más altos de renta. No es lo mismo llegar a los 65 años después de una carrera laboral en un puesto con desgaste físico -una obra, un bar o un comercio- que en un trabajo cualificado de oficina -un banco o una empresa- mucho mejor remunerado. Se da la circunstancia, además, que son los trabajadores más precarios y con mayor desgaste los que estarían más interesados en prolongar su vida laboral para tener una pensión más digna.
¿Puede ser una reforma discriminatoria?
A la espera de ver cómo se concreta, todo hace indicar que sí. Con la propuesta de Rajoy, mayores y primeros empleos no pagarían IRPF frente a la tributación exigida, por ejemplo, a pensionistas y parados que cobran las prestaciones por desempleo. Es decir, se vulnerarían los principios constitucionales de capacidad contributiva, justicia tributaria y equidad. Uno de los elementos básicos de este impuesto es que, a igual capacidad económica, la carga fiscal ha de ser idéntica. Con exenciones de este tipo, se rompe este principio: la edad no debería suponer una variable discriminatoria en la capacidad de pago.
¿Plantea esta promesa dudas de tipo ético?
Aunque el anuncio de Rajoy está en su enunciado vinculado a la materia de empleo y fiscalidad, la exención del IRPF a quién opte por alargar la vida laboral más allá de los 65 años -algo que ya se puede hacer ahora en España- tiene una repercusión directa en el sistema público de pensiones, y uno de los principios del Pacto de Toledo es alejar las promesas de este tipo de la arena electoral. El grueso de las reacciones políticas a la medida anunciada por Mariano Rajoy, en cambio, se centraron en cuestionar su medida, bien porque sea socialmente injusta para una parte de los trabajadores en el final de su vida laboral o porque pueda ser una puerta abierta al fraude fiscal.
¿Qué opinan la mayoría de los expertos?
Que una reforma como esta debe ser objeto de un profundo debate social y político, fruto de una mesa de negociación entre las diferentes fuerzas, de forma que se pueda evaluar su coste en la recaudación y su impacto en la prestación de servicios. La irrupción de un anuncio de esta índole en plena campaña electoral resta, para muchos, seriedad a la propuesta formulada por Rajoy, y alimenta las dudas de que se hayan hecho las cuentas de manera real.