Los partidos desplazan de sus prioridades la reforma pendiente en la financiación autonómica

Es el instrumento clave a través del cual las comunidades financian del modo más equitativo posible servicios básicos como la sanidad o la educación. Y pese a ello, ocupa en los programas electorales un lugar marginal; bien sea por el trasfondo del conflicto catalán y el miedo de los candidatos a avivar las brasas, bien por las complejidades que entraña la reforma y el riesgo de desatar tensiones en otros territorios, lo cierto es que las fuerzas, en esta campaña, se han colocado de perfil ante la grave crisis que sufre el modelo de financiación autonómica.

Por ejemplo, el PSOE, segunda fuerza más votada en las elecciones del pasado mes de diciembre, apenas le dedica un párrafo en todo su programa electoral. Algo más de extensión tienen las propuestas del PP, Ciudadanos y Unidos Podemos, pero todas ellas arrastran el mismo problema: se limitan a ser un menor compendio de generalidades que ya se suponen; el derecho a la autonomía y a la solidaridad entre las regiones ya se recoge en la Constitución española. Y el compromiso de garantizar los servicios esenciales con independencia de donde se viva constituye un objetivo genérico, abrazado por todos los partidos.

«Es urgente que el próximo Gobierno aborde la reforma cuanto antes», advierte Manuel de la Rocha, secretario de economía del PSOE. Y advierte: «Lo primero que debe garantizarse es la igualdad de financiación por habitante ajustado; y es muy importante que los gastos sanitarios y de educación se protejan y no estén a expensas del ciclo económico».

A diferencia del PP y de Ciudadanos, inflexibles a la hora de proponer un marco alternativo de financiación para Cataluña, el PSOE, como Unidos Podemos, ha dejado la puerta abierta a reconocer la singularidad catalana, sin que quede claro por ahora en qué se traduce eso en términos de mejorar su financiación. «Podemos propone abrir un debate sobre la financiación de las comunidades autónomas, en el marco de una reforma constitucional, y que debe atender a los principios de autonomía, solidaridad interterritorial y ordinalidad, es decir, que las comunidades más ricas aporten al fondo común de la solidaridad», explica Jorge Uxo, de la secretaría económica de la organización liderada por Iglesias.

Los retos pendientes

Faltan propuestas claras para ver qué se hace con un modelo complejo en su diseño y opaco en sus resultados, y que se ha ido remendando por presiones territoriales. Con la excepción de Navarra y el País Vasco, sujetas al régimen foral, el resto se rige por el llamado régimen común. Este funciona con recursos que beben de tres fuentes: tributos cedidos de forma íntegra, como sucesiones o patrimonio; impuestos cedidos de forma parcial (IRPF, IVA y especiales), y las transferencias del Estado central a través de una maraña de fondos. Por ejemplo, resulta clave ver qué se hace con el Fondo de Garantía, que mueve un 80 % de los recursos del sistema, y financia sanidad, educación y servicios sociales. El modo en el que se ponderan las variables para repartir el fondo es una fuente de disputa entre comunidades. El PP gallego pide que se tenga en cuenta el sobrecoste que supone el envejecimiento y la dispersión poblacional y ha hecho un frente común con otras comunidades. El BNG pide un concierto económico propio para Galicia, propuesta que, según los expertos, abocaría a Galicia a una pérdida considerable de recursos. El cupo vasco, una anomalía que no existe en ningún modelo federal del mundo, es ya fuente de tensiones. Extenderlo a Cataluña haría perder a la Xunta entre 800 y 1.000 millones anuales.

 

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