Las denuncias políticas han abortado en Galicia actos de propaganda, anuncios y campañas de casi todos los partidos
23 jun 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Ocurrió ayer mismo. La junta electoral dictó tres resoluciones desfavorables contra el gobierno de Manuela Carmena, obligándolo a retirar de las calles de Madrid y de la web municipal varias campañas de propaganda institucional, del mismo modo que se le impidió al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, visitar la fábrica de galletas de Gullón (Palencia) con unos escolares. Tampoco Galicia se escapa a las restricciones impuestas a las campañas con la reforma de la ley electoral del 2011, que limita las inauguraciones y la publicidad institucional. Casi todos los partidos recibieron algún tipo de sanción o apercibimiento y, al menos en esto del autobombo, la llamada nueva política no difiere de la de siempre.
Y es que dos de las alcaldías emblemáticas que tienen en Galicia los socios de Podemos, la de A Coruña y la de Santiago, fueron amonestadas desde la junta electoral, en ambos casos a instancias del PP, por el uso indebido de la propaganda o los recursos institucionales. En el primer caso, se suspendió la campaña Dillo Ti, de encuentros del alcalde, Xulio Ferreiro, con los vecinos para rendir cuentas. En el caso del gobierno de Martiño Noriega, fue obligado a retirar de la web municipal la información sobre la renta básica local, conocida como Compostela+, por considerarla electoralista.
También tuvo un revés el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), obligado a retirar de la calle una exposición que mostraba la transformación de la ciudad en los últimos años, del mismo modo que el gobierno de Cedeira (PSOE) fue conminado a retirar la distribición de un boletín que aludía a realizaciones en las parroquias.
Reclamaciones desestimadas
Menos recorrido tuvieron otras denuncias. El PSOE cursó una contra el alcalde de Porto do Son, el popular Luis Oujo, por la apertura de la nueva piscina cuando ya estaban convocadas las elecciones generales, denuncia que fue archivada. Lo mismo le ocurrió a otra queja del PP contra la presentación de la renta básica impulsada por la Marea Atlántica de A Coruña, acto que la junta electoral consideró procedente.
Pendientes de resolución están otros actos, como el protagonizado por la ministra de Empleo en funciones, Fátima Báñez, en Ourense, por exhibir logros políticos durante una visita institucional. Esta denuncia fue impulsada por el PSOE, que tuvo su réplica en otra del PP contra el alcalde socialista de Ribadavia por informar a principios de junio de la ayuda de 150.00 euros de la Xunta para el parque empresarial de la localidad.
Desde la reforma de la ley electoral del 2011, están prohibidos los actos financiados por los poderes públicos para realzar logros políticos en el período que abarca desde la convocatoria de las elecciones hasta la celebración de las mismas. En dicho período de casi dos meses, tampoco se puede realizar inauguraciones o anuncios institucionales de contenido electoral.
Ceremonia pública, anuncio previo
Entre protestas del PSOE, el Gobierno central, el gallego y el local (PP) firmaron ayer el convenio para la construcción de la estación intermodal de Ourense. Para no infringir la ley electoral, la ministra de Fomento, Ana Pastor, eludió entrar en detalles durante el acto e incluso se negó a facilitar información a los periodistas. Sin embargo, apenas unas horas antes, en un foro de un periódico local, había anunciado que el proyecto, retomando una idea descartada en su día, lo diseñaría el equipo de Norman Foster y costaría cien millones. foto miguel villar