El fiscal pide un total de seis años de prisión para cada uno de los dos famosos financieros Los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer, conocidos como «los Albertos», tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid a partir del 19 de septiembre, dos años y medio después de que se dictase la apertura de vista, para ser juzgados por delitos que presuntamente cometieron en una de las operaciones urbanísticas más importantes de la última década en Madrid. La fiscalía pide para cada uno de ellos una pena de seis años de cárcel y 12 meses de multa.
23 may 2000 . Actualizado a las 07:00 h.El juez vio indicios de una posible actuación ilícita en su participación en la venta irregular de la sociedad Urbanor al grupo KIO, entre 1987 y 1988, en la que se trasvasaron los terrenos que hoy ocupan las torres del mismo nombre. La sección séptima del tribunal madrileño será la encargada de resolver si hay pruebas suficientes para condenar a los financieros junto a sus socios Álvaro Álvarez Alonso y Rafael Montes Sánchez (supuestos testaferros del empresario Enrique Sarasola, amigo de Felipe González), por un delito de falsedad en documento mercantil para cometer otro de apropiación indebida. «Los Albertos» tienen depositado un aval bancario por 4.084 millones de pesetas para cubrir la fianza que pesa sobre ellos. Según el escrito de acusación, su objetivo era conseguir el efectivo necesario para crear Cartera Central y comprar las acciones que KIO tenía en el Banco Central (valoradas en 19.000 millones). Para ello, valiéndose de las «excelentes relaciones» que mantenían con Javier de la Rosa, entonces representante de KIO, acordaron aportar el valor del solar de Urbanor. La operación de venta fue diseñada por De la Rosa y los cuatro acusados, «sin conocimiento ni intervención» de otros accionistas, y fijaron un precio de 27.431.250.000 pesetas para los terrenos, que debía repartirse a partes iguales entre todas las acciones de Urbanor, pero los «Albertos» acordaron lo contrario. Cortina, como presidente del consejo de administración, no informó de los detalles del contrato de promesa de compra-venta con KIO, según el que las sociedades de los «Albertos» sustrajeron 4.342.756.464 pesetas de las cantidades que correspondían a los accionistas menores.