El fiscal del «caso fondos reservados» acusa a Barrionuevo y Corcuera de consentir el desvío de dinero José Barrionuevo y José Luis Corcuera, los dos primeros ministros del Interior de los gobiernos de Felipe González, se sentarán a partir del miércoles en el banquillo. Junto a ellos, y también acusados de malversar dinero de los fondos reservados, estarán los ex-altos cargos Rafael Vera, Julián Sancristóbal, Francisco Álvarez, José María Rodríguez Colorado e Ignacio López. La Fiscalía Anticorrupción entiende que, gracias a la ausencia de control de esos fondos, algunos acusados engordaron su patrimonio personal.
16 sep 2001 . Actualizado a las 07:00 h.Con Felipe González como testigo estrella, el miércoles empieza en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio por el caso de los fondos reservados, donde se investiga el uso irregular del dinero que, en teoría, debía destinarse a gastos de defensa y seguridad. La Fiscalía Anticorrupción entiende que los siete acusados se aprovecharon de la «discrecionalidad» con que se repartía este dinero para engordar algunas cuentas corrientes. Para solicitar unas penas que ascienden a 52 años de prisión, el fiscal José María Luzón sostiene que la «ausencia» de control externo en la gestión y uso de los fondos reservados permitió a los responsables de velar por los mismos no sólo aplicar cantidades de dinero a fines «ajenos a cualquier uso público», sino que, además, las destinaron en ocasiones a su «enriquecimiento». El ministerio público destaca que el sistema de control de los fondos, «que garantizaba la ausencia de cualquier rastro sobre su destino», estaba en manos de Vera y que éste «acordó» con Barrionuevo destinar el dinero a incrementar las retribuciones de altos cargos con responsabilidades en la lucha antiterrorista. Los beneficiarios de este acuerdo fueron, entre otros, Sancristóbal, Roldán, Álvarez, Rodríguez Colorado o López. La iniciativa fue consentida por Corcuera cuando llegó a Interior, advirtiendo a los destinatarios del dinero «que los incorporaran a sus respectivos patrimonios personales». Para ocultar el uso irregular, el fiscal afirma que en el caso de Roldán se fraccionaba el importe de los cheques y, a su vez, se cruzaban con otros para «mantener la opacidad de los orígenes». Para conseguir «una más eficaz ocultación», en ocasiones, se hacía figurar en el dorso de los cheques datos relativos a personas inexistentes «o que eran ajenas a estas operaciones bancarias».