Una funcionaria del Ministerio del Interior afirmó ayer, ante el tribunal que juzga el caso de los fondos reservados, que durante la etapa que trabajó para la Administración Pública (1991-1994) el cobro de sobresueldos era una «práctica habitual», y conocida por todos los empleados como algo «vox populi». Además, uno de los responsables del control de esas partidas clasificadas declaró que Rafael Vera, mientras fue secretario de Estado para la Seguridad, le ordenó librar de forma periódica varios cheques para Presidencia del Gobierno, aunque desconoce el motivo. La funcionaria María Inmaculada Sánchez Bejo, que compareció como testigo, dijo que en su calidad de jefe de servicio de la asesoría médico legal de la Secretaría de Estado percibió durante tres años una «gratificación» mensual de 240,40 euros (40.000 pesetas). Según su versión, fue un complemento para «dignificar» su trabajo.