El organismo, que reclama a España 21.000 millones de pesetas, se encontrará en el proceso con su vicepresidenta, Loyola de Palacio El caso del lino amenaza con convertirse en una nueva pesadilla para el Partido Popular. La Comisión Europea no se ha conformado con reclamar por la vía administrativa los 21.000 millones de pesetas defraudados por productores y agricultores y ha decidido personarse en el caso que instruye Baltasar Garzón como parte perjudicada.
08 dic 2001 . Actualizado a las 06:00 h.La Comisión Europea ha decidido personarse como perjudicada en el caso del fraude del lino para recuperar los 21.000 millones de pesetas desembolsados por las arcas comunitarias en España a través de subvenciones a este cultivo. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, encargado del caso, ha dictado una providencia por la que admite a la Comisión Europea como parte en el proceso. En medios políticos de Bruselas ha causado una gran extrañeza esta actuación, dado que en el procedimiento judicial abierto en España la Comisión Europea se va a encontrar con que una de las partes implicadas es la actual vicepresidenta de esta institución, la eurodiputada española Loyola de Palacio, que fue la responsable en el nombramiento de algunos de los altos cargos implicados en el presunto fraude cuando era ministra de Agricultura en el primer Ejecutivo de José María Aznar. Procedimiento poco habitual Además, en casos semejantes, la Comisión simplemente se ha limitado a intentar recuperar por vía administrativa el dinero irregularmente adjudicado, un camino que también ha emprendido con España pero al que ahora se une la senda judicial. El letrado designado por Bruselas explicó, en un escrito dirigido a la Audiencia Nacional, que la Comisión Europea se persona «en cumplimiento de la decisión adoptada por el presidente de la Comisión», el italiano Romano Prodi, y lo hace para ejercer las acciones civiles que puedan corresponder al ejecutivo comunitario como eventual perjudicado por los hechos que se investigan. La Unión Europea ya ha impuesto a España la devolución de ayudas al lino por importe que estima próximo a los 21.000 millones de pesetas (126 millones de euros), mientras el Gobierno español considera que esa cifra no se corresponde con la realidad. Discrepancia No hubo fraude generalizado -argumentan las autoridades nacionales- y, si se analiza caso por caso, el importe de las posibles prácticas irregulares no excede de los 7.000 millones de pesetas. Valoraciones económicas al margen, la peculiaridad del proceso radica en que la actual vicepresidenta de la Comisión Europea, Loyola de Palacio, fue la ministra de Agricultura que nombró al presidente del FEGA, Nicolás López de Coca, que dimitió por el fraude del lino; al que fuera director financiero de MERCASA, Gonzalo Ruiz Paz y al ex director general de Ganadería, Quintiliano Pérez-Bonilla, personas todas ellas implicadas, como se puso de manifiesto en la comisión parlamentaria de investigación.