El crimen fue uno de los detonantes del estallido racista en la región Un jurado popular declaró por unanimidad culpable de los hechos a Cherki Hadij.
25 jul 2002 . Actualizado a las 07:00 h.La Audiencia Provincial de Almería condenó ayer a 35 años de prisión al ciudadano marroquí Cherki Hadij por el asesinato de dos agricultores en la localidad almeriense de El Ejido en enero del 2000. Este crimen fue uno de los detonantes del estallido de racismo que se originó pocos días después en ese pueblo andaluz. El acusado también tendrá que pagar una indemnización de más de 210.000 euros (unos 35 millones de pesetas) a los herederos de José Ruiz Funes e idéntica cantidad a los de Tomás Bonilla Romero. El veredicto, dictado por un jurado popular el pasado 15 de julio, declaraba culpable por unanimidad a Cherki Hadij de los hechos acontecidos el día 22 de enero de 2000 en los Llanos de Celada, en El Ejido. El jurado del caso estimó como «pruebas fundamentales» las declaraciones de los hijos y viuda de José Ruiz Funes, el primer agricultor asesinado, que fueron testigos presenciales, así como las evidencias del Instituto Nacional de Toxicología, que confirmaban la presencia de sangre de Tomás Bonilla en las uñas de la mano derecha de Cherki Hadij, momentos después del homicidio. Según los hechos probados en el juicio, el magrebí agredió en la cara con una piedra de grandes dimensiones al primero de los agricultores cuando le regañó por apedrear a un perro indefenso, dejándolo malherido. Después lo remató, en presencia de dos de sus hijos, entonces menores de edad. Posteriormente, el condenado degolló también a su patrono, Tomás Bonilla, quien había intentado auxiliar a Ruiz Funes al verlo tendido en el suelo. «Una pena aceptable» José María Martínez Plaza, el abogado de la familia de José Ruiz, calificó la pena de «aceptable», aunque reconoció estar «un poco decepcionado» porque no se impusiese el total de la condena solicitada, que ascendía a 20 años por cada delito. No obstante, Martínez Plaza no presentará recurso dada la escasa diferencia de años de reclusión con respecto a los reivindicados.