Poco más de cuarenta de los 275 encerrados en la universidad podrán quedarse en España Mientras se resuelve, han sido trasladados en autobús a centros de internamiento
12 ago 2002 . Actualizado a las 07:00 h.El Gobierno, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, inició una negociación con Argelia para conseguir la repatriación de la mayoría de los inmigrantes contra los que se dictó orden de expulsión del territorio nacional, tras ser detenidos durante su encierro en dependencias de la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla. Son alrededor de 150, mientras que unos 80 quedan a disposición judicial y poco más de 40 han visto regularizada su estancia en España, según datos de fuentes judiciales y la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz. A última hora de la mañana de ayer venció el plazo legal de detención de los 275 inmigrantes. Una vez interrogados por la policía, a 150 se les ha incoado expediente de expulsión por entender que su estancia es ilegal en origen y trasladado en autobús desde la comisaría sevillana de Blas Infante hasta centros de internamiento de Madrid, Murcia, Málaga y Ceuta. La red de apoyo creada para sustentar el encierro de protesta insistió en su denuncia sobre el dudoso futuro de estas personas, en su mayoría naturales de Argelia, con la que no hay convenio de repatriación. El Ministerio de Exteriores informó de que ha abierto vías de diálogo con la embajada y el consulado de este país para conseguir la devolución de los detenidos antes de cuarenta días. De superar este plazo en suelo español, deben quedar en libertad. Mientras, el servicio de asistencia y orientación jurídica al inmigrante del Colegio de Abogados de Sevilla prepara los recursos contra las 150 órdenes de expulsión, un esfuerzo notable ya que disponen de un plazo legal de 48 horas, lo que obligará a trabajar contrarreloj. La Dirección General de la Policía defendió ayer la legalidad del proceso, en el que se revisaron «todos los expedientes de manera individualizada, con la plena garantía de derechos que la legislación reconoce», y «se ha contado con la participación judicial y fiscal, asistencia letrada, de intérpretes y con presencia facultativa». Legalizados y por resolver Sólo un grupo de entre 40 y 50 ha visto reconocido su derecho a permanecer en España, labor que asume el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo: ahora «deben contactar con la oficina mediante el abogado de oficio que tengan asignado para afrontar la última fase de la tramitación». Algunos volvieron al pabellón universitario a recoger sus pertenencias. El resto de los detenidos, unos 80, quedó a disposición de los jueces de Dos Hermanas encargados de legalizar las detenciones, al haber concluido el arresto legal sin que la policía haya determinado su situación administrativa. Así, habrán de interrogarlos y resolver si deben ser o no expulsados.