El Gobierno vasco denuncia a Garzón ante el Supremo por prevaricación

Lucas Irigoyen VITORIA

ESPAÑA

El Parlamento vasco desoye el auto del magistrado y rechaza la disolución del grupo de Batasuna en la Cámara Las instituciones vascas controladas por el PNV -en asociación con EA e IU- pasaron ayer de las palabras a los hechos en su política de oposición a las iniciativas en marcha contra Batasuna.

18 sep 2002 . Actualizado a las 07:00 h.

La Mesa del Parlamento vasco, en contra incluso del criterio de los servicios jurídicos de la cámara, decidió no aplicar el auto del juez Garzón que suspende las actividades de Batasuna por considerarlo «nulo de pleno derecho», por lo que la coalición aberzale mantiene su propio grupo en el órgano legislativo vasco. Es la primera vez que una institución pública se niega a cumplir una resolución de la Audiencia Nacional. Y por si la crisis que tal decisión parlamentaria pudiera provocar no fuera suficiente, el Gobierno que preside Juan José Ibarretxe acordó presentar ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo una querella contra el magistrado de la Audiencia Nacional en la que le acusarán de prevaricación por dictar, en el marco del proceso abierto contra Batasuna por su integración en ETA, resoluciones injustas por atentar contra derechos fundamentales como el de asociación o manifestación, y por hacerlo a sabiendas de la gravedad de las decisiones adoptadas. Respecto a la decisión parlamentaria, el presidente de la cámara, Juan María Atutxa, defendió el acuerdo de la Mesa de Presidencia, y quiso matizar que «no va en la línea de desacato» al Poder Judicial, ni tampoco en defensa de ninguna formación política concreta: «Sólo responde a la defensa y el respeto» que se merece el propio Parlamento vasco. El presidente de la cámara autonómica enviará la decisión tomada, junto a los informe jurídicos, al juez Garzón, y añadió que la institución parlamentaria también estudiará la posibilidad de presentar «algún tipo de denuncia» contra el magistrado por «usurpación de poderes». «Restricción ilegítima» En cuanto a la demanda contra Garzón, según explicó el consejero portavoz, Josu Jon Imaz, el Ejecutivo de Juan José Ibarretxe considera que «las decisiones relativas al ejercicio del derecho fundamental de reunión y manifestación»que el magistrado ha adoptado en los últimos días «suponen una restricción infundada e ilegítima». El Ejecutivo de Vitoria, que ya había amagado con esta posibilidad la semana pasada, señaló que las resoluciones de la Audiencia Nacional generan una «situación de inseguridad jurídica» que «no sólo vacía de contenido las atribuciones que la legislación vigente confiere al Departamento de Interior, sino que supone una expansión desorbitada de los efectos del auto de suspensión de Batasuna a personas y colectivos que no están encausados en los procesos ni tienen que ver con esa organización».