El Tribunal Constitucional determinó que la subida adicional de las pensiones no contributivas y asistenciales aprobada por la Junta de Andalucía en 1999 no vulnera las competencias básicas del Estado en materia de Seguridad Social. La sentencia, por tanto, da la razón al Gobierno andaluz en contra del recurso presentado por el Ejecutivo central que argumentaba que aquéllas son iguales para todos los españoles en cumplimiento de la Constitución y de la Ley de la Seguridad Social. El presidente autonómico, Manuel Chaves, mostró su satisfacción por la sentencia que refrenda «en todos sus términos» el decreto que fija la subida de pensiones no contributivas y asistenciales en un 1,8%, que beneficiará a 108.000 andaluces. Confrontación El dirigente socialista valoró políticamente la decisión del alto tribunal y destacó sobre todo que con el auto se demuestra que «los teóricos de la confrontación por la confrontación han tenido nuevamente un varapalo jurídico de enorme trascendencia», porque «se ha demostrado» que la Junta actuó desde «la razón» y por el interés general y «de los más débiles». Chaves lanzó un mensaje al Gobierno y al PP para que «reconsidere, reflexione que no es rentable jurídica ni políticamente seguir una estrategia marcada por el color del partido que gobierne» en cada comunidad. Se refirió a la aprobación de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat de Cataluña que establece una subida de las pensiones de viudedad contributivas, que «se ha hecho con el apoyo del PP». La presidenta de los populares andaluces, Teofila Martínez, desestimó pronunciarse sobre la sentencia y tan sólo mostró su «máximo respeto al auto del Tribunal Constitucional».