El expediente de regulación se empleo se encuentra paralizado en el Ministerio de Trabajo a. «Ésta situación provoca que los trabajadores no tengan los papeles necesarios para cobrar el paro ni para buscar otro empleo», explica el secretario de Comercio de UGT, Fernando Adrada. El dirigente sindical añade que las 78 personas siguen dadas de alta en la Seguridad Social, «aunque nadie se hace cargo de esos pagos». Un juzgado de Barcelona ha nombrado a un comisario y un depositario de la quiebra como responsables del expediente de regulación presentado. El pasado martes, la administración central se puso en contacto con ellos para que entreguen en un plazo máximo de diez días la documentación que falta y desatascar de esta forma el problema. El conflicto se complica todavía más al considerar UGT que el «expediente no es válido, ya que no se abrió un periodo de consultas con las trabajadores, como ordena la legislación laboral», apunta Fernando Adrada. El Sepu (Sociedad Española de Precios Únicos) contaba con dos locales en la capital: uno en la Gran Vía y otro en Bravo Murillo. El primer establecimiento es propiedad del Grupo Prisa y el secretario de Comercio del sindicato advierte de que «si en los almacenes ahora precintados se instala otra empresa sin que se haya resuelto el problema», exigirán «tanto al Gobierno regional como al Gobierno estatal la subrogación de empresas, porque no se puede permitir que los trabajadores de Sepu se queden en la calle y que mañana venga aquí otra empresa». Desde que se anunció el cierre, se han sucedido varias protestas de los trabajadores. La más llamativa fue la que protagonizaron las treinta empleadas de los almacenes de Gran Vía, que escenificaron sus quejas sentándose en el escaparate, a modo de maniquíes, a la vista de los clientes y viandantes de la zona. En turnos de ocho o diez personas, llegaban a primera hora de la mañana y se sentaban en taburetes o cajas de mercancía. La protesta duró más de dos semanas.