El tribunal afirma que la desobediencia supondría «un grave atentado al Estado de derecho» La Mesa del Parlamento vasco no se reunirá para tomar una decisión hasta la próxima semana
21 may 2003 . Actualizado a las 07:00 h.El Tribunal Supremo (TS) ordenó ayer a la Cámara vasca la disolución del grupo Sozialista Abertzaleak (SA), como consecuencia del proceso de ilegalización de Batasuna. Además, le dijo explícitamente que se trata de una disposición de «obligado cumplimiento» y que la decisión debe ejecutarse «sin demora» por parte de la Mesa del Parlamento, que preside el peneuvista Juan María Atutxa, a quien se le transmitió la resolución mediante un requerimiento judicial a su nombre. Con un contundente auto, el TS da por zanjada la polémica sobre el imperativo de que los siete diputados aberzales pasen al grupo mixto tras la sentencia del 27 de marzo, haya o no que reformar el reglamento. Inadmisible ignorancia El alto tribunal, que dedica cinco páginas a recordar a la Cámara su obligación constitucional de cumplir la ley y las sentencias, advierte de que sería «inadmisible» que ignorase la decisión «por una pura apreciación política ajena a previsiones legales». El escrito deja claro que la sala es competente y está obligada «para acordar por sí la disolución». De no acatarla, reconviene, cometería un «grave atentado al Estado de derecho». Precisa también que lo hace «sin mengua alguna del principio de división de poderes» y sin «afrentar la dignidad democrática e institucional de la Cámara vasca». La sala especial, autora de la sentencia de ilegalización y del presente auto, avisa a la mesa de que, una vez probada la vinculación entre ETA y Batasuna, si no disuelve SA «perpetuaría por decisión consciente» la representación política de la banda terrorista en el Parlamento de Vitoria. Según sus razonamientos jurídicos, la vinculación entre el extinto partido y Sozialista Abertzaleak, aunque son una realidad jurídica diferente, es «muy intensa», hasta el punto de que el Tribunal Constitucional considera que los grupos son «una emanación de los partidos políticos». El tribunal añade que, además, la continuación de la actividad de SA tras la sentencia de marzo es «un fraude de ley, por abuso de personalidad jurídica, recogido en el artículo 12, apartado 1 b) de la Ley de Partidos». Este extremo, señala, se demuestra en que la formación salida de la elecciones autonómicas del 2001 está compuesta por las mismas personas que SA. El auto asegura que su creación «no es sino un artificio más para obstaculizar los efectos de la ilegalización de Batasuna». El Gobierno apremia Tras hacerse público el contenido del texto, el Gobierno central apremió a la Cámara autonómica para que ejecute la orden. Sin embargo, el Parlamento vasco no adoptará hasta la próxima semana una postura definitiva, ya que su presidente, Juan María Atutxa, se encuentra fuera del País Vasco. En una línea de reticencia similar, el Ejecutivo de Ibarretxe no sólo ha asegurado que el Supremo puede haber incurrido en prevaricación por conocerse la decisión por la prensa antes de que fuera firme sino que no admitió todavía su obligatoriedad. El portavoz Josu Jon Imaz afirmó que será el Parlamento, «desde el respeto a su soberanía» y a la legalidad, el que decida, por lo que consideró «inadecuado» anticiparse a los hechos. Saltándose las recomendaciones de Llamazares, el coordinador de IU-EB, Javier Madrazo, anunció que promoverá un conflicto de jurisdicción por la resolución del TS, que juzga «una invasión de competencias y de la soberanía del legislativo».