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Será «un poderoso instrumento» contra este fenómeno, señaló Rodríguez Zapatero Andalucía pide que la norma tenga una dotación financiera en función de la población
22 dic 2004 . Actualizado a las 06:00 h.Hubo aplausos, abrazos y sonrisas en el Congreso de los Diputados. La ley integral contra la violencia de género es ya una realidad, a falta sólo de su publicación en el BOE. La primera norma de estas características en Europa culminó ayer su tramitación parlamentaria con todos los honores y la unanimidad reservada a las grandes iniciativas de Estado. El consenso se mantuvo en la última votación y todos los grupos hicieron votos por su eficacia para luchar contra una plaga que se ha cobrado más de 70 vidas este año en España y amarga la existencia cada día a millones de mujeres. Puesto en pie, todo el hemiciclo saludó con una ovación de gala la primera ley que se aprueba de forma unánime en esta legislatura, la primera gestada por el gobierno Zapatero. La Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género, que ése es su nombre, nace con vocación de ser -dijo el presidente del Gobierno al término del pleno- «un poderoso instrumento» para erradicar el maltrato machista contra la mujer. Hubo coincidencia general en los votos, 325 a favor, ninguno en contra, cero abstenciones, y en la convicción de que su aprobación no es el final sino el principio de un camino que se adivina muy largo. «Hoy es un día histórico; hemos dicho con la voz muy alta tolerancia cero a los maltratadores», recalcó María Teresa Fernández de la Vega. La vicepresidenta encabezó, junto al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, una alegre foto de grupo junto a la nutrida representación de las organizaciones de mujeres que tanto han luchado por la ley integral. Hubo algunas críticas a la prisas de los socialistas por acelerar la aprobación de la ley, y también al desinterés inicial por su dotación económica demostrado por el Ejecutivo en el proyecto de presupuestos generales para el 2005; sólo en las negociaciones con los grupos se incluyó, a instancias de IU, una partida de 50 millones de euros para financiar su aplicación. La Junta de Andalucía reclamó ayer mismo que la ley se acompañe de una aportación financiera en función del número de habitantes para que las comunidades puedan aplicarla, ya que de otro modo, destacó la consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, «no servirá de nada».