Otorgó un permiso penitenciario «gravemente inadecuado» a Antonio Anglés La Audiencia Nacional anula las resoluciones de los ministerios de Interior y Justicia
04 jul 2005 . Actualizado a las 07:00 h.La Audiencia Nacional condenó ayer al Estado a indemnizar con 1,8 millones de euros a los padres de las tres niñas (Miriam, Desireé y Toñi) secuestradas, violadas y asesinadas en 1992 en la localidad valenciana de Alcasser. La sentencia, que podría poner fin a un terrible suceso que lleva trece años en los tribunales, concede 600.000 euros a cada uno de los tres matrimonios más los intereses de demora generados desde que la Administración les denegó las indemnizaciones hace cinco años. La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que el Estado debe asumir la responsabilidad patrimonial por un anormal funcionamiento de las administraciones públicas, ya que uno de los autores de la matanza, Antonio Anglés -todavía en paradero desconocido-, cometió los crímenes tras salir de la cárcel con un permiso penitenciario «gravemente inadecuado». El tribunal indica que aunque la Administración Penitenciaria y Judicial concedió el permiso a Anglés, en marzo de 1992, de acuerdo con todas las exigencias legales, no logró percatarse de la peligrosidad del recluso, por lo que debe asumir su responsabilidad en los daños producidos con la decisión. El fallo judicial, que aún no es firme porque todavía puede ser recurrido en casación ante el Tribunal Supremo, anula las resoluciones tomadas por los ministerios del Interior y Justicia que, en torno al año 2000, denegaron las indemnizaciones a los padres de las tres víctimas. Un varón no identificado La sala señala que la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, de septiembre de 1997, sólo condena como responsable de los raptos, las violaciones y de los asesinatos de las tres menores -el 13 y 14 de noviembre de 1992- a Miguel Ricart, aunque el texto recoge que cometió los delitos «en compañía de otro varón identificado y que no se encuentra a disposición del tribunal». La Audiencia Nacional concluye que este segundo implicado en la matanza es Antonio Anglés, según queda «perfectamente aclarado» en la declaración ante el instructor de Ricart y en el auto de procesamiento emitido por el magistrado antes del juicio. La resolución explica que Anglés, que vivió en orfanatos desde los cuatro años a los dieciséis, estaba en la cárcel en 2002 por siete delitos de receptación, robo, tráfico de drogas, atentado contra la autoridad y detención ilegal, cometidos entre 1986 y 1991. El recluso, con informe favorable de la junta de tratamiento de la prisión y del juez de vigilancia penitenciaria, recibió el 5 de marzo de 2002 un permiso penitenciario de una semana, del que ya no regresó nunca más a la cárcel. La sala indica que Anglés era un recluso peligroso, con graves carencias psico-sociales, al que se le concedió un permiso penitenciario que se reveló «gravemente inadecuado», pese a cumplir con todos los requisitos legales. Los magistrados entienden que «el propósito deliberado de delinquir anterior a la salida de prisión y la consiguiente peligrosidad del interno pasó inadvertida a las autoridades penitenciarias y a quienes realizaron los exámenes, por lo que el permiso se reveló como improcedente en función de las características y circunstancias del penado, que éste logró mantener ocultas». La sentencia dicta que «el riesgo que la sociedad asume para intentar lograr la resocialización de los penados debe ser soportado por el conjunto de los ciudadanos».