El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco Hernando, deshizo con su voto el empate en el que se había enredado el pleno de la institución a la hora de valorar dos de los puntos básicos de la reforma judicial impulsada por el Gobierno: la creación de los consejos autonómicos y la instauración de la justicia de proximidad, dos iniciativas que el órgano de gobierno de los jueces ve inoportunas y de dudosa constitucionalidad, según un informe aprobado por diez votos a favor y nueve en contra. El cisma abierto en el Consejo no afectó, en cambio, a la valoración de reforma que coloca a los tribunales superiores en la cúspide de la Administración judicial de cada autonomía, sin perjuicio del papel unificador reservado al Tribunal Supremo, aceptado por 17 vocales y con la única oposición del vocal propuesto por CiU, Alfons López Tena, que ve insuficiente la regulación propuesta por el Ministerio de Justicia. La vocal Ángeles García se abstuvo. El informe que entiende «innecesaria» la reforma judicial que crea los consejos autonómicos es obra del vocal José Luis Requero, magistrado integrado en el «sector conservador», mayoritario en el CGPJ. La iniciativa gubernamental, según su valoración, no responde a las necesidades de la Administración de justicia, sino que responde al deseo político de «dar cobertura» a la reforma del Estatuto catalán. Este criterio fue apoyado ayer por los nueve vocales elegidos a propuesta del PP. Enfrente, votaron en contra los siete designados a iniciativa de PSOE e IU, el de CiU y el independiente Agustín Azparren. El voto del presidente Hernando deshizo el empate. Uno de las principales quejas del «sector conservador» es que esa justicia de proximidad se deja en manos de juristas que no son jueces de carrera. El vocal Juan Carlos Campo, de la minoría denominada progresista, replicó que, ahora mismo, en España hay 7.000 jueces de paz que no son profesionales, y un número muy alto de jueces sustitutos -unos 700- que tampoco pertenecen a la carrera judicial.