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El único acusado por el accidente de Chinchilla culpa al maquinista del Talgo del accidente

J.V. Muñoz-Lacuna TOLEDO

ESPAÑA

04 abr 2006 . Actualizado a las 07:00 h.

José Luis Díaz Córcoles, el que fuera factor de circulación de la estación de tren de Chinchilla en junio del 2003 cuando 19 personas murieron en el choque de dos trenes, mantuvo ayer su inocencia durante la segunda jornada del juicio por este siniestro que está celebrándose en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Durante casi tres horas, el único acusado en este caso respondió con serenidad al interrogatorio al que fue sometido por el fiscal, Emilio Fernández, quien solicita para él una pena de dos años y medio de prisión y cinco de inhabilitación especial para desempeñar su profesión por 19 delitos de homicidio por imprudencia y 48 de lesiones por imprudencia grave. No obstante, cuando el juez Jaime de Lamo dio por terminada la segunda sesión, se derrumbó y tuvo que ser consolado por su abogado, Julián Pérez Charco. Negligencia del Talgo Según el factor de circulación, el choque de un Talgo que cubría la línea Madrid-Cartagena y un tren de mercancías en una vía única para dos direcciones no se debió a un error suyo, como sostienen el fiscal y la veintena de abogados que representan a las acusaciones particulares, sino a una negligencia del maquinista del Talgo, que decidió emprender la marcha a pesar de que le había advertido de que un tren circulaba en sentido contrario. «Yo en ningún momento accioné el semáforo en verde y, además, en ningún momento vi el semáforo hasta que llegué a la cabeza del tren; eso es así y no hay vuelta de hoja», declaró José Luis Díaz, de 41 años, que ingresó en Renfe en 1986 y se convirtió en factor de circulación en 1997. Durante su comparecencia, el acusado también explicó que las condiciones materiales con que trabajaba no eran las más idóneas para un puesto de tal responsabilidad ya que contaba con un walkie-talkie para comunicarse que casi siempre estaba estropeado. Córcoles se someterá hoy al interrogatorio de las acusaciones particulares que solicitan para él hasta cuatro años de cárcel.