La Audiencia ultima el traslado de los macroprocesos a una sede adecuada en la periferia de Madrid
ESPAÑA
El problema de overbooking en la Audiencia Nacional que están padeciendo los asistentes -presos, abogados, funcionarios y periodistas- al juicio de la operación Nova no es nuevo, pero parece que está en vías de solución. Lo que está ocurriendo es una prueba más de lo desfasada que se ha quedado la sede de este tribunal especial con competencias en todo el territorio nacional, en la que se mueven a diario cerca de un millar de personas.
En este caso concreto también lo es de la falta de previsión y de respeto a los damnificados. Los responsables de sus órganos de gobierno han preferido meter en la sala especial de la Casa de Campo, alquilada precisamente para acoger macrojuicios, a los 11 encorbatados acusados del caso Gescartera antes que a los 30 islamistas acusados, entre otras cosas, de planear la voladura de la emblemática sede judicial de la calle Génova.
Los responsables de infraestructuras del Ministerio de Justicia ya han tomado cartas en el asunto y trabajan en la habilitación de dos salas de macrojuicios en un parque empresarial en la localidad Madrileña de San Fernando de Henares, a menos de media hora en coche desde la ubicación actual.
Esta parece ser la solución definitiva que se pretende dar a un problema que se planteó por primera vez en el año 1983 con el juicio del 23-F (30 procesados), se reavivó cuatro años más tarde con el de la colza (40 procesados) y volvió a la palestra en 1993 con el de la operación Nécora, que sentó en el banquillo a 37 acusados.
Para cada uno de esos juicios de larga duración se habilitó un pabellón distinto del antiguo recinto ferial de la Casa de Campo de Madrid, en los que, además del alquiler -una cantidad sustanciosa en todos los casos- hubo que gastar bastante dinero en obras de acondicionamiento.
La solución se reeditó para afrontar los dos primeros macrojuicios de terrorismo islamista: operación Dátil y 11-M. Para ellos se alquiló y se acondicionó un nuevo pabellón en el que el erario público se gastó 3,1 millones de euros, alquiler aparte.
Tampoco esta pudo ser la solución definitiva, porque la propiedad no está dispuesta a vender el inmueble y los afamados restaurantes ubicados en las inmediaciones están que trinan porque las medidas de seguridad les espantan a los clientes.