Un bebé de 18 días murió desangrado el pasado domingo en Tarragona después de que le practicaran una circuncisión casera y sin garantías sanitarias, según informaron fuentes judiciales. El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Tarragona que lleva el caso imputa a la mujer de nacionalidad nigeriana que realizó la operación un delito de homicidio imprudente, aunque por el momento no ha sido detenida, señalaron fuentes policiales.
El magistrado recibió ayer la autopsia practicada al cadáver del bebé, que indica que el pequeño falleció a causa de una conmoción originada por una pérdida masiva de sangre de una herida localizada en el pene.
Los hechos sucedieron hacia las 21.30 horas del 18 de noviembre, en un domicilio del barrio del Pilar de Tarragona, donde residía la familia de la víctima, de origen nigeriano.
Servicios sanitarios, equipos policiales y una comisión judicial se desplazaron hasta la vivienda tras recibir el aviso, pero el forense solo pudo certificar la muerte del bebé, que en un primer momento se pensó que podría haberse ahogado al tragarse su propio vómito.
Sin embargo, el forense constató después que el pequeño presentaba una herida sangrante debida a que recientemente se le había practicado la circuncisión (extirpación o amputación del prepucio del pene), un extremo que ha confirmado la autopsia.
El juez encargado de la instrucción del caso tomó ayer declaración a los padres de la víctima en calidad de testigos, que habrían implicado en los hechos a la mujer nigeriana. Sin embargo, fuentes judiciales señalaron que la situación de los padres podría cambiar en las próximas horas.
El Ayuntamiento de Tarragona iniciará una investigación para conocer el entorno familiar del bebé. Según explicó la concejala de Servicios Sociales, Teresa Victoria Pelegrín (PSC), el seguimiento «para esclarecer conceptos» y saber las circunstancias de los hechos es «normal» en casos como este. Pelegrín explicó que los padres se pusieron en contacto con Servicios Sociales días antes del parto para solicitar ayuda económica para afrontarlo y «preparar la canastilla». En ese momento «no se identificó ninguna problemática relevante», ni nada que supusiera «que se debía hacer ningún seguimiento específico».
Afirmó que «no se tenía constancia» de que hubiera una persona en Tarragona que practicara la circuncisión sin contar con las medidas necesarias.