El Supremo manifiesta públicamente que está afectando al normal funcionamiento del tribunal
26 feb 2008 . Actualizado a las 02:00 h.La huelga de funcionarios de Justicia iniciada el pasado día 4 empieza a tener una influencia apreciable sobre el funcionamiento de la administración, hasta el punto de obligar a suspender 40.000 actos judiciales. También lo constata el Supremo, cuya sala de gobierno aprobó ayer por unanimidad un acuerdo en que «constata objetivamente» la incidencia que el paro indefinido de los funcionarios «está teniendo en el ejercicio de la función jurisdiccional» que compete al tribunal.
La protesta, que ahora entra en su cuarta semana, está secundada por unos 9.500 funcionarios de Justicia de las siete comunidades que no tienen transferida esta competencia, más Ceuta y Melilla, y de los órganos centrales en Madrid (Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Fiscalía General del Estado, Registro Civil Central, juzgados centrales de lo Contencioso e Instituto Nacional de Toxicología).
Los trabajadores demandan un incremento salarial de 200 euros para reducir la diferencia respecto a los sueldos que cobran quienes ejercen las mismas funciones en las autonomías con competencias en Justicia. El ministerio que dirige Mariano Fernández Bermejo les ofrece una subida de 180 euros dividida en varios tramos (60 euros para este año y 120 más en dos plazos a lo largo del próximo año). Para hacer frente al incremento prometido para este año, el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes una partida de 4,38 millones de euros.
El ministro, que vincula la subida salarial a un incremento en la productividad de los funcionarios de Justicia, evalúa el coste de las exigencias económicas en una cifra superior a los 20 millones de euros, lo que en su opinión hace inviable su aplicación en un solo ejercicio.
Actividad paralizada
Pero los funcionarios no están dispuestos a firmar nada que desplace las subidas más allá del 1 de enero del próximo año. Y están dispuestos a llevar la protesta más allá de las próximas elecciones, según informaron ayer fuentes sindicales. Entre los 40.000 actos judiciales suspendidos se incluyen juicios, vistas, notificaciones de sentencia y la actividad registral, como nacimientos y defunciones, por ejemplo.
La huelga ha impedido la notificación de la mayoría del medio centenar de sentencias que el Supremo emite diariamente, lo que se viene a sumar a la práctica paralización de las vistas de lo penal.
Entre las sentencias que están pendientes de notificar se encuentra la del denominado caso Atutxa, cuyo fallo fue dado a conocer hace ya más de un mes, el pasado 21 de enero, y condena al ex presidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa y los ex miembros de la Mesa de esta Cámara Kontxi Bilbao y Gorka Knorr por desobediencia al no disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak a raíz de la ilegalización de Batasuna.
En el acuerdo aprobado ayer, los magistrados que integran la sala de gobierno del Supremo muestran su deseo de que las partes lleguen a un acuerdo satisfactorio «en el tiempo más breve posible».
Aunque no están en huelga, también se está negociando la mejora en las retribuciones de jueces y fiscales, que probablemente queden pospuestas hasta después de las elecciones.
Esta situación ha hecho que todas las asociaciones profesionales hayan decidido respaldar las protestas de los funcionarios ante lo que consideran una actitud cicatera del Ministerio de Justicia.