Han sido imputados por asociación ilícita, extorsión, apropiación indebida y delitos contra la libertad sexual.
13 may 2008 . Actualizado a las 11:47 h.La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Coslada, María de las Nieves Martínez, ha ordenado esta noche el ingreso en prisión del oficial jefe de la Policía Local, Ginés Jiménez, y otros diez agentes municipales detenidos por su supuesta implicación en una red de corrupción policial en la localidad.
La juez ha determinado la puesta en libertad bajo fianza de 6.000 y 12.000 euros de otros dos agentes detenidos.
Tras tomar declaración ayer y hoy a los trece acusados, la juez ha decido imputarles delitos de asociación ilícita, extorsión, apropiación indebida y delitos contra la libertad sexual, entre otros.
Entre los argumentos para ordenar el ingreso en prisión de los once agentes la juez ha citado la alarma social, la posible alteración de pruebas y el riesgo de fuga.
Asimismo, la magistrada se ha inhibido en favor del titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid, Eduardo Cruz Torres, que es quien lleva las investigaciones sobre la trama de corrupción policial y, según las fuentes consultadas, tendrá que ratificar en un plazo de 72 de horas el ingreso en prisión de los detenidos.
Los once imputados serán trasladados seguramente esta noche a la cárcel de la carretera de Alcalá-Meco, donde podrían ingresar en el módulo ocho, dependencias destinadas a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Durante su comparecencia ante la juez de Coslada, todos los agentes detenidos se han declarado inocentes de los delitos que se les imputan y han asegurado que se limitaban a cumplir órdenes de sus superiores.
José Andrés Díaz, abogado de Ginés Jiménez, ha afirmado que su cliente se encuentra «destrozado» y «hundido» ante la decisión judicial.
Díaz ha precisado los delitos que se le imputan al jefe de la Policía Local: tenencia ilegal de armas, extorsión y delitos contra la Administración pública como prevaricación y cohecho.
Alberto Fernández, abogado de uno de los supuestos cabecillas de la red, Carlos M.G., ha calificado de «desmesuradas» las medidas cautelares adoptadas por la juez al considerar que están fundamentadas en una alarma social «artificial».
Al respecto, los letrados han señalado su intención de recurrir el auto ante el juzgado de instrucción número 21 de Madrid al considerar que el concepto de alarma social no está recogido en la Ley de Enjuiciamiento criminal.