El Gobierno negociará la definición de víctima del terrorismo con los partidos de la oposición
ESPAÑA
El Gobierno intentará pactar con todos los grupos parlamentarios la nueva ley de víctimas del terrorismo antes de que llegue al Congreso de los Diputados. El Ejecutivo considera indispensable que el proyecto se apruebe por unanimidad.
La situación de incertidumbre interna que atraviesan los partidos de oposición, en particular el PP, retrasará las conversaciones hasta otoño, lo que dará tiempo suficiente al Ministerio del Interior a retocar el borrador que dejó como legado el ex alto comisionado para las víctimas, Gregorio Peces Barba, y que no convence a los responsables del departamento de Alfredo Pérez Rubalcaba.
Habrá cambios con respecto a ese borrador. Peces Barba había propuesto reconocer como víctimas a las personas amenazadas, acosadas o agredidas por el entorno terrorista, y considerar como damnificados a los heridos y asesinados españoles en conflictos armados, crímenes de guerra o acciones de sedición.
Interior, que está dispuesto a estudiar cambios en el concepto de víctima, no quiere ampliar en demasía esta categoría, ya que ello provocaría «inseguridad jurídica» y un probable aluvión de peticiones indemnizatorias. .
La nueva ley de víctimas incluirá «mejoras en el estatuto de los damnificados en el proceso penal», explicaron fuentes del ministerio. En particular, terminará con las desigualdades económicas en las indemnizaciones, que cambian según si hay sentencia sobre el atentado y si el autor es conocido. El borrador también unificará legislaciones dispersas, y mejorará las indemnizaciones, las asistencias y el reconocimiento a las víctimas. Otro de los puntos clave será la inclusión de nuevos «derechos sociales» para los damnificados del terror: que la ley no solo recoja ayudas económicas, sino que igualmente regule la atención psicológica, jurídica, social, laboral y de vivienda.
Ventanilla única
La reforma, tal y como había planteado Peces Barba, creará la ventanilla única para acabar con el papeleo innecesario y la excesiva burocratización a la hora de conseguir la declaración de víctima del terrorismo o acceder a las ayudas. En esa línea, una evaluación médica única será el único examen válido y reconocido por todas las Administraciones.