Catorce años. Este el tiempo que ha tardado la Justicia en dirimir las responsabilidades penales por un delito de falsedad documental cometido en la adjudicación de las obras del AVE Madrid-Sevilla. El Tribunal Supremo cerró ayer la travesía procesal con la condena a la antigua coordinadora de finanzas del PSOE, Aída Álvarez, y a su esposo, Miguel Molledo, a seis meses de cárcel y a una multa de 1.200 euros.
Así lo acordó la Sala Penal del alto tribunal en una sentencia en la que estima los recursos interpuestos por el PP y el fiscal contra la resolución dictada en junio del 2006 por la Audiencia de Madrid, que había absuelto a ambos imputados. En cambio, los magistrados decidieron dejar en libertad sin cargos a otros acusados por falsedad documental, entre ellos los antiguos dirigentes de la empresa Siemens en España, Francisco Francés y Mario Huete, al considerar que ha prescrito el delito.
El Supremo mantiene el resto de criterios de la Audiencia, que en su día absolvió, entre otros, al ex ministro socialista Julián García Valverde. Asimismo, la sentencia rechaza los motivos presentados por la defensa del PP en lo que se refiere a que los hechos probados podrían haber formado parte de una presunta financiación irregular del PSOE a través de las comisiones pagadas en la adjudicación de dichas obras ferroviarias. «Es fruto de las sospechas o elucubraciones del propio recurrente [PP] y no están cimentadas en pruebas o indicio alguno», señala el Supremo.
El caso AVE comenzó a instruirse en 1994 y fue desgajado por el alto tribunal del caso Filesa para investigar vías de supuesta financiación ilegal del PSOE. La Fiscalía Anticorrupción situó los hechos en el plan ferroviario aprobado por el Gobierno de Felipe González en 1987, en el que un grupo de dirigentes socialistas «urdieron un plan para recabar comisiones ilícitas de contratistas, fabricantes y técnicos de los proyectos del AVE a cambio de concederles adjudicaciones de los contratos por Renfe».