La Fiscalía Anticorrupción pidió ayer a Baltasar Garzón que deje la investigación sobre la supuesta trama de corrupción que salpica al PP en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y, en menor medida, del de Valencia. De esta forma contestaba a la solicitud que le había hecho el juez la semana pasada para que se pronunciara sobre el futuro de la causa al apreciar «serios indicios» de la implicación de cargos públicos aforados del PP.
Pero la Fiscalía le reclama que abandone todo el sumario y no solo la parte que se refiere a los presuntos delitos cometidos por los consejeros y diputados autonómicos que resulten imputados en la trama encabezada por el empresario Francisco Correa. El informe que le fue entregado ayer a Garzón centra en Madrid el núcleo político de la corrupción ligada al PP, ya que dice que la «totalidad de la investigación» recaería en el Tribunal Superior de la Comunidad de Madrid, con la excepción de «determinados hechos, perfectamente escindibles», de los que entendería el de la Comunidad Valenciana.
La Fiscalía pide a Garzón que envíe a los tribunales superiores «exposiciones razonadas» para que decidan a qué personas y qué partes de la causa deben investigar.
Ni el juez ni el ministerio público han desvelado el nombre de los aforados ni los delitos de los que se les acusa, pero fuentes de la investigación dan por seguro que uno de ellos es Alberto López Viejo, que dimitió como consejero de Deportes de Esperanza Aguirre, pero mantiene su escaño de diputado regional. El sumario le atribuye un papel central en la operación Gürtel, lo que justificaría que la causa pasara al TSJM en su práctica totalidad, con excepción de la parte que correspondería a los aforados de Valencia.
La posición de Garzón
Garzón consultó el pasado día 12 a la Fiscalía qué tenía que hacer sobre la parte de la causa que afecta a los aforados, pero no sobre su totalidad. La contestación del ministerio público que dirige Cándido Conde-Pumpido, pidiéndole que abandone totalmente la investigación, supone un revés para el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que contaba con retener una parte del caso.
Garzón, sin embargo, no tiene intención de inhibirse hasta que termine los interrogatorios a los 37 imputados el próximo 4 de marzo. Para ese día ha citado a dos piezas claves de la trama, el ex alcalde de Majadahonda dimitido hace unos días como gerente del Mercado Puerta de Toledo, Guillermo Ortega, y el empresario José Luis Ulibarri. El juez se basa en el artículo 25 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para seguir investigando hasta que una instancia superior establezca a quién corresponde la competencia y su intención es instruir el resto de la trama de Correa que no afecta al menos a cuatro aforados.