Dos años después de que a instancias de la Fiscalía la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidiera anular el procesamiento de tres militares norteamericanos por la muerte del cámara gallego José Couso en Irak, el magistrado Santiago Pedraz ha dictado un nuevo auto de procesamiento contra los mismos imputados.
Los encausados siguen siendo el teniente coronel Philip de Camp, como la persona que dio la orden directa para disparar, el capitán Philip de Wolford, que la transmitió, y el sargento Thomas Gibson, que la ejecutó.
Considera que de la investigación se desprende la existencia de indicios suficientes como para imputarles un delito contra la comunidad internacional, otro de homicidio, «o incluso de un acto o amenazas de violencia con la finalidad de aterrorizar a la población civil o a los periodistas».
Como quiera que la Sala consideró en su día la instrucción como incompleta, desde entonces el magistrado ordenó ocho nuevas diligencias de prueba, de las cuales se han practicado seis. Entre ellas destaca un exhaustivo informe pericial realizado dos años después de los hechos por el general Gonzalo Jar, de la Guardia Civil, en el que analiza si la muerte de Couso fue un crimen de guerra.
También incorpora a los autos las declaraciones de la ex sargento del Ejército de EE.?UU. Adrienne Kinne, destinada en inteligencia militar, efectuadas el 13 de mayo del 2008 a distintos medios, en las que manifestaba que «el Hotel Palestina fue designado como objetivo militar por dicho Ejército».
Incorpora las declaraciones prestadas por escrito por los ex ministros Ana Palacio y Federico Trillo, quien habría reconocido que el disparo no estaba justificado.
Aclara que las dos únicas diligencias acordadas y no practicadas son la toma de declaraciones a representantes en Europa de las televisiones Al Yazira y Abu Dabhi y el envío de una comisión rogatoria a Irak para que autorizase el desplazamiento de una comisión judicial al lugar de los hechos.
En sus razonamientos jurídicos, Santiago Pedraz, tras señalar que, «según el derecho de guerra que deben observar los beligerantes en un conflicto armado, sea justo o injusto, los periodistas son población civil, por tanto, personas protegidas».