Una jueza de Madrid investiga irregularidades en las pruebas utilizadas en el juicio del 11-M
ESPAÑA
La titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, Coro Cillán, interrogará mañana al ex comisario Juan Jesús Sánchez Manzano, que era el máximo responsable de los técnicos en desactivación de explosivos (tédax) de la policía cuando se produjeron los atentados del 11 de marzo de 2004. El funcionario está citado en calidad de imputado de los delitos de falso testimonio, omisión del deber de perseguir delitos y encubrimiento por ocultación de pruebas durante la investigación de la masacre.
La jueza admitió a trámite el pasado julio una querella presentada por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, que acusa al ex comisario y a una perito de la policía de irregularidades en el manejo de algunas de las pruebas que permitieron llegar hasta los responsables de la masacre. Esta asociación defiende que la investigación judicial que dirigió el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo estuvo viciada por errores policiales que impidieron conocer la verdad de lo sucedido.
A Sánchez Manzano, que cesó en el cargo en diciembre del 2005, le reprocha la querella la mala gestión de los restos de explosivos recuperados en el lugar de las explosiones, lo que habría impedido conocer con exactitud el material utilizado y, por lo tanto, identificar a los verdaderos autores de los atentados. El Tribunal Supremo consideró probado que se utilizó goma 2 ECO procedente de una mina asturiana, sentencia que es firme.
El antiguo jefe de los tédax fue destituido de su cargo por el propio ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
En el nuevo proceso, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo también lo acusa de omisión del deber de perseguir delitos, encubrimiento y falso testimonio. Los responsables de la entidad consideran que la actuación en el manejo y uso de los explosivos impide que se sepa con certeza de qué tipo fueron los utilizados en la masacre.
Custodia de la mochila
El ex jefe de los tédax también deberá responder por la custodia de la mochila bomba recuperada en la estación de El Pozo del Tío Raimundo y que fue detectada de manera fortuita en la comisaría de policía de Vallecas. Fue una de las pruebas clave para desentrañar la trama yihadista que cometió la masacre, pero en julio del 2006 el magistrado Del Olmo descubrió que la entregada en el juzgado no era la original, que permaneció en dependencias policiales.
La magistrada Coro Cillán había fijado el interrogatorio de Sánchez Manzano para el pasado 10 de agosto, pero optó por aplazarlo a mañana porque el ex comisario estaba de vacaciones fuera de España. Tras su declaración, ente el miércoles y el viernes, desfilarán por el juzgado otros doce testigos, que serán interrogados sobre la gestión que hizo la policía de las pruebas del 11-M, uno de los aspectos más polémicos de todo el proceso.
En agosto sí prestó declaración la perito contra la que también se querelló la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M. En su declaración, la experta reconoció que, en efecto, algunas de las muestras de explosivo recogidas en la calle Téllez, vía de acceso a la estación de Atocha, no se remitieron a la Policía Científica, sino que quedaron en dependencias de los tédax. Añadió que se actuó así porque el protocolo es «flexible» y «no siempre se mandan».