Los populares proponen mejorar la protección de los funcionarios que denuncien actividades fraudulentas y la expulsión de los cargos en prisión provisional.
20 nov 2009 . Actualizado a las 23:32 h.(POLÍTICA)
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Sevilla, 20 nov.
(COLPISA, Magis Iglesias)
El PP quiere dar ejemplo en la lucha contra la corrupción en el ámbito municipal y propone un pacto político que, ente otras medidas, incluya la mejora de la protección de los funcionarios o empleados públicos que delaten a los corruptos y den a conocer actividades fraudulentas. Para evitar abusos, a esta medida se añade el endurecimiento de las penas por denuncias falsas.
Ésta es una de las muchas iniciativas que aprobó la Intermunicipal popular este viernes en su reunión de Sevilla, entre las que también se incluyen otras reformas administrativas, políticas y penales que refuercen los controles y prevengan irregularidades de políticos y funcionarios. El secretario de Comunicación, Esteban González Pons, defendió la honradez de la mayoría de los concejales populares y acusó al Gobierno de pretender que existe una «corrupción generalizada», por las recientes informaciones facilidades por el fiscal general del Estado en el Congreso. «La hay (corrupción) y hay que atajarla», admitió Pons, «pero ni es tanta ni alcanza a todos», añadió.
El rosario de propuestas, que Mariano Rajoy propondrá al resto de fuerzas políticas el próximo lunes, busca «dignificar la vida política» porque, como dijo la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, en el debate quienes ostentan cargos públicos deben «dar ejemplo permanentemente de honradez y transparencia».«Si uno se dedica a la política -añadió- las relaciones personales hay que cuidarlas» y, en clara referencia al 'caso Gürtel', advirtió que «si no quieres que hablen en tu nombre hay que ser muy discretos».
El documento del PP contempla diversas soluciones para mejorar la eficacia de la lucha contra los comportamientos indeseables, como la obligación de reintegrar a los municipios afectados los bienes incautados en los delitos de corrupción cometidos por cargos municipales. Se propone también que los políticos acusados por este tipo de delitos y en prisión provisional tengan que dejar sus cargos y se les aplique el supuesto de incompatibilidad sobrevenida durante todo el tiempo que estén encarcelados, aunque no exista sentencia condenatoria. Aunque el texto, que se verá ampliado con nuevas iniciativas que dará a conocer Rajoy este sábado, incluye tanto reformas legales como compromisos políticos entre los partidos.
El voluminoso paquete de propuestas está dedicado a garantizar el funcionamiento del Pacto Antitransfuguismo que, a la vista de la experiencia de los últimos años, se ha convertido en papel mojado.
Pons relacionó este fenómeno con la corrupción y aseguró que «sin los tránsfugas la vida municipal sería mucho más sana».
El PP también propone reforzar la objetividad de los contratos de los ayuntamientos y diputaciones, con la aplicación de un mayor control en los trámites y el incremento del carácter profesional del personal que adopta las decisiones, como, por ejemplo, con el nombramiento de un funcionario para presidir las comisiones de contratación. También se apuesta por la prohibición de contratar con empresas que hayan sido condenados por sentencia firme. En todo caso, se plantea la necesidad de «evitar el exceso de contratación de servicios ajenos al ayuntamiento cuando los servicios municipales puedan desarrollarlos», lo que supone una clara rectificación del proceso de externalización de servicios que ha propiciado el PP hasta ahora.
Dar ejemplo
El PP añade a las iniciativas de control otras de carácter ejemplarizante y de austeridad que se aplican a los cargos electos, que estarán obligados a hacer públicas sus declaraciones de bienes, mantener actualizado el registro de actividades y a rechazar los regalos excesivos y frecuentes. Se intenta prevenir los excesos que se han detectado en algunas instituciones locales, se quiere «homologar, a través de un acuerdo de las fuerzas políticas las retribuciones de los miembros de las corporaciones locales en atención a criterios de población y presupuesto». El documento prevé un más riguroso sistema de incompatibilidades, la separación nítida de las actividades públicas y las de partido, así como la reducción de gastos de protocolo, la racionalización de vehículos oficiales, el uso de teléfonos, publicidad y viajes.
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y Pons mencionaron en sus intervenciones el riesgo que supone la financiación de los ayuntamientos a través de la venta de suelo y la incidencia del urbanismo en la corrupción municipal. Ambos reclamaron un mejor sistema de financiación local para que los ayuntamientos no tengan que depender de la venta de terreno porque, según dijo Pons, «las virtudes del urbanismo para las instituciones han tenido también sus excesos».