Amnistía Internacional denuncia en un informe malos tratos y vejaciones en los centros de menores y reclama al Gobierno que exista una supervisión judicial.
16 dic 2009 . Actualizado a las 21:15 h.Atados con cinta de embalar a una silla o a una cama, amordazados, 'atontados' por la medicación forzosa, aislados varios días en una 'celda' sin apenas ventilación, vejados o humillados en público, y, a veces, víctimas de castigos corporales y otros malos tratos. «Si cualquier padre hiciera eso a su hijo, el fiscal o la autoridad judicial se lo quitaría. Si lo hace el Estado, en los centros terapéuticos custodiados por administraciones públicas, no pasa absolutamente nada». La aseveración procede de Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España (AIE), institución que este martes presentó la investigación «Si vuelvo, ¡me mato! Menores en centros de protección terapéuticos».
AIE denuncia en esta investigación el tratamiento «cruel y degradante» que sufren los menores ingresados en estos centros, después de dedicar casi dos años a entrevistar a más de 150 personas, veinte de ellas menores, para corroborar la preocupante situación que padecen niños y adolescentes en estas instituciones de acogida. El estudio ahonda en los datos aportados por el informe del Defensor del Pueblo publicado el pasado mes de febrero sobre el desamparo de los menores en centros de internamiento. La ONG se encontró con todo tipo de cortapisas para acceder a los centros de protección -solo pudieron visitar uno, y 'escoltados' por personal de la Administración pero contactó con educadores (algunos de los cuales habían abandonado la profesión por su rechazo al tratamiento que se dispensaba a los menores), familiares, abogados, médicos, psicólogos, personal sanitario y menores que habían pasado por los centros. La investigación se centra en tres comunidades autónomas -Andalucía, Cataluña y Madrid-, que concentran el 55% de los 58 centros que 'supuestamente' existen en España.
La 'punta del iceberg'
Todos los menores entrevistados coinciden en que eran víctimas de abusos contra los derechos humanos, pero la mayoría de los casos quedan «invisibilizados o impunes, ya que no se realizan investigaciones imparciales o independientes», según Beltrán. «La Administración -dijo dificulta las investigaciones incluso al Defensor del Pueblo». Las situaciones denunciadas por AIE pueden llegar a ser escalofriantes, toda vez que también se han detectado casos de abusos sexuales contra los menores y se han registrado también suicidios entre los niños y los jóvenes. Amnistía ha documentado, en base a las informaciones de prensa, al menos «diez suicidios en los últimos seis años», indicó Elena Estrada, investigadora del informe.
Pero, a juicio de Estrada, los abusos relatados por menores y educadores tan solo son «la punta del iceberg» de la angustiosa situación que se vive en los centros de protección terapéuticos.
«Los castigan doce horas seguidas contra la pared, sin comer durante días, les atan a carretillas repletas de piedras, les imponen como castigo no recibir visitas ni cartas, y otras veces leen las misivas en público para ridiculizarles. Las contenciones físicas, mecánicas y farmacológicas están a la orden del día, mientras que ingresarlos en celdas de aislamiento o atarles a la cama lo viven ya como algo natural», relató.
Amnistía ha documentado cómo en España en algunos de estos centros se vulneran normas fundamentales como el interés superior del menor, su derecho a ser escuchado y no discriminado de la Convención de los Derechos del Niño. También se violan otras normas internacionales, como las Reglas de Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de Libertad e, incluso, la Convención Contra la Tortura y otras formas de Castigo y Penas crueles, inhumanas o degradantes.
Trastornos de conducta
En los centros de protección terapéuticos ingresan menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social. A diferencia de los centros de reforma, los menores que están en un centro terapéutico no han cometido falta o delito alguno, sino que están bajo protección de la Administración. Ingresan allí por desamparo, riesgo o exclusión social. Permanecen en estos centros hasta los 18 años. Pero, aunque para privar de libertad a cualquier persona se requiere de autorización judicial previa, en la mayoría de los casos relacionados con menores se elude dicha autorización para su internamiento no voluntario. Ya en los centros, y según las denuncias recibidas por AIE, los menores pueden ser víctimas de violaciones de la intimidad, regímenes disciplinarios contrarios a las normas y tratados internacionales, además de una amplia retahíla de violaciones de derechos humanos, como suministrarles fármacos «sin finalidad terapéutica».
Estos abusos, denuncia la ONG, se comenten con «total impunidad», ya que no existen vías rápidas y sencillas que permitan a los menores denunciar, acceder a un abogado y, sobre todo, que se abran investigaciones pertinentes, rápidas e imparciales. Por ello, la organización ha pedido al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero que impulse una «investigación urgente» sobre los abusos y violaciones de los derechos humanos que se comenten contra los menores en estos centros, tal como también han denunciado el Defensor del Pueblo y el Defensor del Pueblo andaluz.
Asimismo, reclama al jefe del Ejecutivo que, junto a los Gobiernos de las comunidades se elaboren protocolos para «contar, controlar y supervisar» todos los centros de protección terapéuticos, según establecen los estándares internacionales y en cumplimiento de sus obligaciones sobre protección de menores. Por último, solicita a Zapatero que aborde la reforma de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, para que la supervisión judicial deje de estar en el papel y pase a la práctica durante todo el tiempo que un menor está dependiendo de la Administración.