Los populares solicitan al juez de la Audiencia Nacional que no archive la causa
20 ene 2010 . Actualizado a las 02:00 h.El Partido Popular ha solicitado al juez Baltasar Garzón que no archive la causa sobre el supuesto chivatazo a ETA e incorpore todos los informes policiales vinculados al proceso y los resultados de una comisión rogatoria enviada por Francia, que «permitirían» esclarecer los hechos. En el escrito que el PP presentó ayer ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional se argumenta que las últimas informaciones aparecidas en la prensa han puesto de manifiesto nuevos datos que el fiscal ha eludido al solicitar el sobreseimiento del llamado caso Faisán.
El PP se refiere así a las informaciones publicadas por el diario El Mundo y el confidencial.com, según las cuales un informe policial asegura que el chivatazo a ETA siguió la vía jerárquica de la cúpula policial y que el entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, estuvo al corriente. «Sorprende en este sentido la omisión por parte de la Fiscalía», dice el Partido Popular, de cuestiones que permiten corroborar a su juicio la «verosimilitud de aquello de lo que informó la policía».
En este sentido, el escrito recuerda que el 3 de mayo del 2006, el magistrado Fernando Grande-Marlaska y la jueza antiterrorista Laurence Levert autorizaron una operación para detener a diez personas en España y a seis en Francia tras detectar la operatividad de la red de extorsión de la banda terrorista.
El PP remarca que una de esas detenciones era la de Gorka Aguirre, militante del PNV, y que se debía llevar a cabo el 4 de mayo del 2006, el mismo día en que se iban a entrevistar el presidente del partido nacionalista, Josu Jon Imaz, y el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero.
Situación delicada
«Resulta obvio que la detención del militante peneuvista ese mismo día alteraría la reunión concertada entre los presidentes del Gobierno y del PNV y pondría incluso en situación delicada el apoyo del PNV al proceso de paz», señala el PP, que denuncia que el fiscal obvió también el momento en el que se produjo el chivatazo, cuando el Gobierno mantenía contactos con la banda ETA.
Igualmente indica, que, como se ha publicado, uno de los interlocutores de la banda, el presunto etarra Josu Iurrebaso, «señaló» ante la juez Levert un número de teléfono, que era el utilizado por Víctor García Hidalgo y que, según dijo, «le fue facilitado por uno de los interlocutores del Gobierno para que lo utilizara como salvoconducto si tenía algún problema».