El ministerio público ve riesgo de fuga y de alteración de pruebas por parte del anterior presidente balear
27 mar 2010 . Actualizado a las 02:00 h.Cuando perdió la presidencia balear tras los comicios del 2007, Jaume Matas abandonó la política y España para emprender rumbo a Estados Unidos, donde fijó su residencia. Pero ahora, y por el momento, no podrá volver. El juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, le ha retirado el pasaporte hasta las 10 de la mañana del lunes. A esa hora decidirá si hace buenas las medidas cautelares que le ha solicitado la Fiscalía Anticorrupción. Que son bastante duras, ya que solicita para el ex presidente y ex ministro prisión eludible con una fianza de tres millones de euros, la más alta de las fijadas en la historia de la Justicia balear en casos de corrupción.
Además, reclama que se le retire el pasaporte y se le prohíba expresamente la salida de España, ya que considera que hay un alto riesgo de que pudiera eludir la acción de la Justicia. Finalmente, pide que se le imponga la obligación de comparecer quincenalmente en los juzgados. En un escrito de 50 folios, la Fiscalía justifica estas medidas por la gravedad de las acusaciones que pesan sobre el ex presidente balear, que podrían acarrearle una condena de 24 años de cárcel.
El fiscal va aún más allá al advertir que sus peticiones habrían sido más duras si no hubiera sido por la adecuada estrategia del nuevo abogado defensor de Matas, Manuel Ollé. Que contrasta con la aplicada hasta ahora por el primer letrado del imputado, Rafael Pereda, una persona muy vinculada al PP, partido que lo llevó en su día hasta el Tribunal Superior de Baleares. El fiscal expresa su sospecha de que el abogado intentó fabricar pruebas falsas y manipular a testigos, según se desprende de las conversaciones entre varios de los imputados y el letrado que fueron grabadas por orden judicial y que se han incorporado al sumario como una pieza secreta. Aunque los abogados defensores ya han anunciado su intención de solicitar la nulidad de estas pruebas al considerar que se ha vulnerado el derecho de defensa de los acusados.
En su escrito, el fiscal incluye, para imputar a Matas un delito de cohecho, la acusación que Luis Velasco, un antiguo directivo de la televisión autonómica balear, IB3, hizo contra el productor José Luis Moreno, quien habría entregado un sobre con 250.000 euros al ex presidente balear durante la gala inaugural del canal de televisión. Velasco aseguró en su denuncia que con ese soborno Moreno pretendía asegurarse la adjudicación de programas y decorados. No obstante, que había sido citado a declarar para el 5 de marzo, no compareció ante el juez instructor para ratificar su denuncia.
En la vistilla en las que las partes plantearon sus peticiones tras un interrogatorio que se ha prolongado durante quince horas, distribuidas en dos días, la defensa de Matas objetó a la petición fiscal que no existe riesgo de fuga ya que, a pesar de la presión que ha sufrido en los últimos meses, desde que fue imputado, el pasado mes de octubre, el ex mandatario autonómico ha comparecido ante el juez. Además, la defensa argumentó que retirarle el pasaporte ya le inhabilita para trabajar en ciertos países, por lo que el riesgo de fuga es todavía menor.
Matas y su cuñado, Fernando Areal, llegaron a las 10.35 horas a los juzgados de Palma, donde fueron recibidos con muestras de desaprobación por parte de un grupo de ciudadanos, que les increparon con gritos de «¡lLadrones, devolved el dinero!».